Las acciones de gobierno miden su importancia y trascendencia a partir de sus significados.
La detención de Jesús Reyna significa hasta hoy un golpe a la impunidad y un mensaje a los funcionarios públicos de alto nivel. Sin embargo, si ésto no representa una nueva política de cero tolerancia a la impunidad y se persiguen a fondo todos los abusos, de todos los funcionarios que al amparo y protección del poder público violan la ley y se sirven de ella en su beneficio, Jesús será sólo una cortina de humo que sirvió para distraer a la opinión pública.
Posiblemente él sea culpable, y de comprobarse ésto, termine pagando por su complicidad con los delincuentes, lo cual representaría un acto de justicia. Sin embargo, sería una justicia a medias pues representaría una vara de varias medidas si otros igualmente culpables no son investigados y castigados de igual forma. Aun siendo culpable, sería un chivo expiatorio que pagaría las culpas de todos los que han actuado igual que él.
Existe una grave deformación cultural en México que tiene que ver con los significados de la autoridad y el poder. Tradicionalmente quien ocupa un cargo público interpreta que recibe una “patente de corso”, -o sea un certificado de impunidad legal-, para obtener beneficios personales aún y por encima de la ley. No importa ni su nivel jerárquico, educativo o social.
Se requiere voluntad política para cambiar este estatus quo. Las escaleras se barren desde arriba. En este país centralista sólo desde lo más alto del poder se puede imponer justicia, pero la sociedad también debe desear este cambio.
Los cambios reales no se logran con cambios parciales sino radicales.
COMENTARIO AL MARGEN
Independientemente de juzgar si Ramiro Hernández, -el reo mexicano que fue ejecutado ayer miércoles en la famosa prisión de Huntsville, Texas-, debiese merecer o no la muerte por el asesinato cometido en contra de su patrón en 1997, existe una violación jurídica que es inadmisible.
Texas, -igual que otros estados de la Unión Americana lo han hecho en otros casos-, no pueden dejar de respetar los acuerdos internacionales firmados por su país, bajo el argumento de la autonomía que se sustenta en el federalismo.
Estados Unidos había aceptado un acuerdo de una corte internacional que frenaba las ejecuciones de reos. Sin embargo, el gobernador Rick Perry se ha negado a reconocer los acuerdos firmados por su país y el congreso norteamericano no ha reaccionado exigiendo respeto a esas obligaciones.
En estricto sentido, las leyes de un país están por encima de las leyes de una entidad federativa.
Esta indisciplina jurídica merece una condena internacional pues invalida que Estados Unidos siga firmando acuerdos internacionales que pudieran no ser reconocidos por los gobiernos estatales.
