Vuelve a tomar actualidad el proceso que se le sigue a la profesora Elba Esther Gordillo debido a que el juez cuarto de distrito en materia de amparo del Distrito Federal, -Francisco Javier Sarabia Caballero-, concedió una prórroga de ocho días, -que se cumplirán el 9 de mayo-, para resolver la situación jurídica de la profesora.
El caso de la profesora es sintomático respecto al nivel profesional con el que la PGR e instituciones vinculadas con la impartición de justicia están formulando las acusaciones contra presuntos responsables de haber cometido algún delito.
La ligereza con que los funcionarios del ámbito judicial encargados de formular las acusaciones etiquetan conductas delictivas, da pie para que a lo largo de los procesos se den coyunturas por donde los abogados de los acusados puedan ayudar a su cliente a evadir la acción penal y hasta quedar libres sin haber recibido el castigo que se merecían, ni más ni menos.
Es frecuente enterarnos de acusaciones estereotipadas que no coinciden con los delitos que el sentido común nos indica que cometió el acusado.
Como muestra está la acusación contra la profesora Elba Esther, la cual se formuló originalmente como “violación a la ley federal contra la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos”.
El sentido común, -sin que hayamos estudiado derecho-, nos indica que la profesora puede ser acusada simple y llanamente de fraude contra el SNTE, pues no hay delincuencia organizada de por medio, -ya que ella no pertenece a ninguna banda delictiva-, ni el delito se cometió de manera grupal, pues el dinero que ella tomó durante largo tiempo fue para su uso personal, seguramente con la complicidad de sus coacusados, que no eran sus socios sino sus subalternos, -sobre quienes ella ejercía autoridad y poder-, y el objetivo final fueron las cuentas bancarias personales de ella, dinero que engrosó su patrimonio.
Por otro lado, el dinero tomado no tenía “procedencia ilícita”, sino un origen tan honorable como que es el dinero que el gobierno federal le entrega al SNTE a través de la SEP y tiene como origen inicial los impuestos que ciudadanos y empresas pagamos al fisco.
El resultado es que las acusaciones podrían haber sido formuladas por un estudiante de derecho y no por el equipo de abogados que representa al Estado Mexicano y peor aún, que los altos funcionarios de la PGR no hayan reparado en un error tan obvio, -agravado esto-, por el hecho de que el acusado no es un ciudadano anónimo y desconocido, sino un personaje políticamente poderoso y famoso.
Ante acusaciones tan endebles se abrió la puerta para que la defensa de los acusados, -la profesora Elba Esther y sus subordinados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores-, el Quinto Tribunal Colegiado Penal del DF les concediese un amparo para cancelar el auto de formal prisión impuesto en marzo de 2013, “por delincuencia organizada y lavado de dinero”.
Esta otra figura publicada por la prensa, -“lavado de dinero”-, corresponde también a otro perfil de delito, y no al que pudo haber cometido la profesora, pues el sentido común, -así como hábitos y costumbres-, nos indican que quien lava dinero en realidad está insertando en la economía formal, -o sea legitimando-, un dinero que se obtuvo a través de actividades delictivas.
Este manejo endeble en la integración de expedientes que sustentan una acusación, nos dejan varias interrogantes, dudas y sospechas, pues se repite continuamente, como si las acusaciones se formularan con machotes pre elaborados y guardados en las computadoras y sólo se les cambiara el nombre del acusado.
La primera suposición sería considerar que quienes integran las averiguaciones no están suficientemente capacitados y además el sistema o procedimiento que se sigue a estos documentos no tiene de soporte un sistema de gestión de calidad que permita descubrir errores o inconsistencias, lo cual implica que para poder combatir delitos es necesario profesionalizar al sistema judicial.
Queriendo pensar con suspicacia, pudiésemos suponer que a los poderosos les protege una áurea de impunidad y las acusaciones se sustentan frágilmente imprecisas de forma intencional, para que sean fácilmente rebatibles por los abogados de los acusados.
Prefiero creer en la falta de preparación de los funcionarios y no sentirme aún más decepcionado por nuestro sistema de impartición de justicia.
Es necesario profesionalizar de raíz el sistema, para que los más talentosos y honorables abogados de México formen parte del Estado Mexicano.
COMENTARIO AL MARGEN
El caso del pasajero que en un autobús enfrentó y mató a los dos asaltantes nos sigue hablando de hartazgo ciudadano y falta de confianza en las autoridades, así como de la actitud ciudadana de autodefensa.
