Es de esperarse que no haya nada ni nadie más poderoso en este país que el Estado Mexicano y sus instituciones.
El Estado Mexicano representa a todos los ciudadanos y por tanto, es sinónimo de legalidad.
Sin embargo, lo que sucede últimamente pone en evidencia un debilitamiento de la autoridad frente a grupos civiles que imponen su ley ante una total complacencia gubernamental que se interpreta como impunidad.
El linchamiento de dos policías en San Andrés Tlalamac, municipio de Atlautla, Estado de México y la relativa pasividad gubernamental frente a este hecho, -reconociendo además que no pretenden entrar a tomar control de esa población-, es grave, pues define que no se está aplicando el estado de derecho. Que además se sepa que en esa zona tienen el control grupos de talamontes de alto perfil delictivo y peligrosidad, hace aún más grave esta omisión.
La golpiza que los pobladores de San Bartolo Ameyalco, -delegación Álvaro Obregón-, dieron a 44 policías granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, habla de un vacío de autoridad y legalidad.
Si el fin justifica los medios y el Estado Mexicano lo acepta, entonces sobrevendrá la barbarie.
Es de entenderse que el estado Mexicano en sus tres niveles de gobierno ha sido permisivo frente a la impunidad de sus fuerzas policiacas y una gran parte del sistema de impartición de justicia está infiltrado por la corrupción y la delincuencia organizada. Además, no ha instrumentado estrategias correctivas para castigar a los malos funcionarios y peor aún, -que siguiendo un esquema paternalista-, los mandos superiores siempre arropen a sus subalternos ante denuncias ciudadanas y pongan alrededor de ellos una muralla de impunidad.
El paternalismo en la estructura gubernamental convierte en cómplices a los mandos superiores de los funcionarios corruptos, -ya sea por indiferencia-, o por estar involucrados en los ilícitos denunciados, o por un intercambio de silencio cómplice para que los subalternos no hagan público el lado oscuro de sus jefes.
Sin embargo, -por otra parte-, que turbas de vecinos enfrenten agresivamente y con saña y total impunidad a policías, agrava la situación. El no actuar con firmeza para imponer el orden propiciará que siguiendo la ley del talión, “diente por diente y ojo por ojo”, los pobladores de otros municipios, -viendo la pasividad gubernamental y la impunidad-, reaccionen igual y se pierda la gobernabilidad legítima que sustenta al Estado Mexicano.
Nadie debe suplantar al estado de derecho imponiendo sus criterios personales e intentando ejercer justicia por su propia mano.
Sin embargo, mantener privilegios y tolerar corruptelas al interior de las instituciones gubernamentales y de modo paralelo actuar en contra de los ciudadanos que se subleven contra las injusticias, no será una solución, pues fortalecerá la irritación social que hoy está exacerbada.
La única forma de resolver el problema de la gobernabilidad con estrategias de fondo y definitivas, es actuar con firmeza y sin miramientos en contra de funcionarios abusivos o corruptos, así como contra sus superiores inmediatos por solapar sus excesos, convirtiéndose en cómplices de ellos.
De esta forma, a través del ejemplo, que ofrece el respaldo de la autoridad moral, el gobierno tendrá toda la legitimidad para frenar acciones violentas que atenten contra la integridad física o el patrimonio de ciudadanos, así como la seguridad funcionarios públicos.
COMENTARIO AL MARGEN
El problema suscitado en San Bartolo Ameyalco, DF, también tiene que ver con un problema de comunicación pública estimulado por los funcionarios del GDF a cargo de las obras.
La desinformación estimuló la creación de rumores que según se dice, permitieron que quienes surten y venden agua a los pobladores, -llevando pipas-, hubiesen esparcido rumores para frenar el proyecto de infraestructura hidráulica y así poder preservar su negocio personal.
