El pecado que frena a México en su desarrollo y le condena a la mediocridad en muchos ámbitos, es la negligencia.
Es difícil calificar la negligencia en muchos casos de controversia médica, como es el caso de los dieciséis médicos que fueron demandados penalmente en Guadalajara por el padre del paciente Roberto Gallardo, quien falleció en el Hospital de Pediatría del IMSS en 2009, presumiblemente a causa de un pésimo diagnóstico y fallas en el tratamiento médico.
Es cierto que no se puede considerar que un médico actúe con dolo e intencionalidad en contra de un paciente, pero es un hecho contundente que hay mucha negligencia en los servicios de salud de los hospitales públicos y ésto debe frenarse.
Hay negligencia por parte de muchos médicos del sistema de salud, -aunque hay muchos más que actúan con gran sentido de responsabilidad y profesionalismo- y también muchísima negligencia en funcionarios del área administrativa, tanto de las clínicas como de las oficinas centrales. Los empleados de oficina, - en muchos casos-, no facilitan las condiciones de infraestructura e insumos necesarios para que se otorgue un servicio digno, como la insuficiencia de medicinas y equipos en el IMSS. A estos últimos también se les debe fincar responsabilidades.
El IMSS encabeza la lista de las 10 autoridades federales con mayor número de demandas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante 2013, -con 660 quejas-, así como un alto número de denuncias en la Comisión Nacional de arbitraje Médico (CONAMED).
Los casos dramáticos y difundidos en redes sociales de madres que han dado a luz en la periferia de hospitales porque se les negó atención médica, es otra variable de esta problemática derivada de la negligencia.
Sin embargo, la negligencia es una epidemia que cubre a todo el sistema gubernamental en los tres niveles y por todo el organigrama.
A su vez, es sabido que jueces negligentes dejan refundidos en la cárcel a presuntos culpables a quienes no se les revisa su caso por desidia. Los alumnos no reciben educación de calidad por negligencia y en general el ámbito de autorizaciones gubernamentales y todo tipo de procedimientos, -a lo largo de todo el país-, avanzan a paso de tortuga, generando perjuicios y pérdidas para los mexicanos.
La negligencia es una actitud carente de compromiso que subsiste porque es poco penalizada y fácil de eludir con la complacencia de los niveles jerárquicos superiores y de la mafia sindical incrustada en la estructura gubernamental, que arropa a sus agremiados sea cual fuere el grado de responsabilidad y la gravedad de los hechos imputados al trabajador.
Posiblemente la responsabilidad de los 16 médicos en la muerte del menor Roberto Gallardo no esté lo suficientemente acreditada y la cárcel sea un castigo muy drástico, pero es importante considerar que es una llamada de atención que debe concientizar a la sociedad por una parte, -y a las autoridades judiciales, así como a poder legislativo-, de que es momento de intervenir para delimitar responsabilidades de los servidores públicos y combatir la negligencia, que hoy está costando vidas en el ámbito médico.
Ya los médicos se organizaron y al más puro estilo magisterial salieron no sólo a defender a sus 16 colegas, sino a aprovechar la oportunidad para exigir a las autoridades que les otorguen patente de impunidad si en algún momento alguno de ellos estuviese frente a un problema legal derivado de conductas reprobables en el ámbito profesional.
Para las autoridades es el momento de imponer orden y acabar con malas prácticas médicas y hospitalarias y no de sobreproteger a los negligentes.
Esta batalla apenas empieza pero seguramente será de alta repercusión pues podrá frenar la negligencia o en caso contrario generar impunidad a favor de médicos y autoridades hospitalarias irresponsables.
