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domingo 16 de mayo del 2021 6:48 AM, Veracruz, México.
 
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El amparo de Napoleón

 1 sep 2014
Por: Ricardo Homs

El amparo concedido por un juez federal a favor de Napoleón Gómez Urrutia, -exonerándolo de la acusación que pesaba en su contra por el presunto desvío de 55 millones de dólares de la extinción de un fideicomiso del sindicato minero-, dinero transferido a sus cuentas personales, -o sea dinero de los trabajadores-, no fue considerado por los jueces un asunto penal y si alguien pretende denunciar la desaparición de ese dinero, deberá hacerse en el ámbito del derecho administrativo o civil, que es donde se ventilan los asuntos ligeros y de menor importancia.
Lo importante es que no se está aclarando la parte medular… ¿dónde quedó el dinero de los trabajadores?  Eso es lo que quisiéramos saber junto con la noticia del amparo. ¿Hubo despojo de por medio?
Hoy es muy fácil apropiarse de dinero público y salir bien librado siempre y cuando exista protección de los poderosos. Por ello el "estado de derecho", -del que se ufana el Estado Mexicano-, no es más que un mito contemporáneo, porque es violado continuamente con total impunidad.
Todos los grandes escándalos políticos de corrupción, -del partido que fueren-, y por el tema que fuese, no han tenido más consecuencia que un "jalón de orejas".
El tesorero de Coahuila perseguido por fraude desde el sexenio pasado, hoy, -estando detenido en Estados Unidos-, no ha sido requerido por el gobierno mexicano.
Es una constante que es tan bajo el castigo por cometer un ilícito, que los funcionarios públicos ya no temen por un castigo que arruine sus vidas y su honorabilidad, sino que ven como un simple costo colateral la zarandeada mediática inicial, porque después ya no va a pasar nada. El huracán se irá degradando conforme pasen los días hasta desaparecer sin consecuencias.
El caso Cuauhtémoc Gutiérrez inició como un huracán del que el mismo PRI intentó deslindarse, pero hoy hasta es considerado el hijo pródigo al que hay que arropar, y todo, porque no tuvo consecuencias judiciales.
¿Quién se acuerda de Néstor Moreno, el directivo de CFE acusado por el gobierno de Estados Unidos de participar en actos de corrupción en la asignación de contratos a cambio de un yate, un Ferrari y dinero?.
Es tan baja la multa que deberá pagar la minera Buenavista del Cobre, -subsidiaria de Grupo México-, por haber desquiciado el ecosistema del Rio Sonora por el derrame tóxico, que seguramente como riesgo ya estaba considerado por esa empresa y es más barato pagar la multa que haber creado con antelación una planta de tratamiento para residuos tóxicos, que debe ser muchas veces más cara que la multa.
 En una balanza, -con tanta permisividad gubernamental-, no es extraño que nuestro país esté viviendo una crisis de valores morales y éticos que se desprenden de la clase política, así como del sector empresarial "protegido" por el poder político.
Crear desarrollos urbanísticos, -ya sea residenciales o comerciales-, de alta rentabilidad financiera, que puedan tener implicaciones judiciales por el impacto ambiental, hoy no es problema para un desarrollador, pues la multa que pudiesen llegar a tener será ínfima comparada con la rentabilidad del proyecto. Por lo tanto, ésta será un costo adicional.
Que la Sección 22 de la CNTE invada propiedad privada para retirar material de la SNTE, -lo cual debiese haber sido realizado por autoridades respaldadas por el mandato de un juez-, no tendrá consecuencias judiciales, como tampoco las tuvo haber destrozado con lujo de violencia las oficinas del senador oaxaqueño Eviel Pérez Magaña.
El estado de derecho está entrampado por un desfasamiento que abarata las penas judiciales de forma tal que parecen una burla al sentido común.
Endurecer todas las penas, -inclusive las administrativas cuando haya corrupción de por medio-, deberá ser una estrategia disuasiva impostergable.
Es cierto que la gran mayoría de los delitos no logran concluir con la prisión para el infractor, pero esto no justifica que los pocos delincuentes que caigan no puedan ser castigados con todo el rigor de la ley.
Sin embargo, el único ámbito donde la más mínima infracción administrativa se paga carísima, es el fiscal. Ahí el gobierno federal se ha protegido de forma exagerada, con violencia innecesaria, pero fuera de ello, el ámbito penal es muy complaciente con quienes cometen un delito y pueden comprar favores.
El primer paso para poner orden en este país es que las instituciones "no gubernamentales" y las de tipo ciudadano exijan al congreso recrudecer las penas relativas a prácticas vinculadas con corrupción, despojo y cualquier otro medio de burlar la ley, ya sea que exista un agraviado específico o la víctima sea una colectividad o incluso la sociedad.
El legislativo sería un primer paso para resolver un gran problema.
 



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