El reciente descubrimiento de una red de anarquistas vinculados con organizaciones internacionales, a partir de la detención de los vándalos que hicieron destrozos aprovechando la manifestación pacífica del jueves de corpus, nos muestra que se han minimizado los riesgos de no dotar al estado mexicano de los instrumentos necesarios para proteger a la sociedad y a los ciudadanos respecto de violencia que puede caer en el terrorismo.
La miembros de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal con visión pequeña y muy de corto plazo, -buscando espacios de operación e impunidad para los grupos de revoltosos que respaldan a varios de los mismos legisladores-, eliminaron los recursos jurídicos que daban al GDF de capacidad de disuasión respecto a los brotes de violencia social que pueden surgir al amparo de esta flexibilización y abaratamiento de las penas para quienes provoquen violencia y rompan el orden social.
El argumento de la criminalización de la protesta social es infantil pues abre la puerta a los profesionales del sabotaje social.
Hoy eso es una bomba de tiempo para el gobierno capitalino y para el Jefe de Gobierno de esta ciudad, que además es la entidad federativa de mayor población del país.
Ha sido publicado por la prensa que las áreas de inteligencia de la policía y procuraduría capitalina identificaron la red de vinculaciones de los grupos anarquistas que se dice operan en nuestro país, con grupos similares y equivalentes de otros países,
Si esta treta legislativa de quienes dominan la ALDF era para favorecer sus estrategias políticas de sus propios bandos, no se han dado cuenta que están poniendo “la espada de Damocles” sobre la cabeza del funcionario público de mayor proyección política para su partido. Están poniendo en posición vulnerable al gobierno de Miguel Ángel Mancera y al partido político que lo llevó a ese cargo gubernamental, pues la violencia se le puede salir de control.
El anarquismo en todo el mundo representa lo mismo… romper el orden social a través de la violencia planificada y la provocación a las autoridades. El anarquismo es la antítesis de la disciplina, pues como su nombre lo dice: anarquía equivale al caos. Derribar el orden establecido para edificar uno nuevo, a gusto de los anarquistas.
Es ingenuo pensar que detrás de los movimientos callejeros de hoy día… -marchas y protestas-, haya un movimiento espontáneo de insatisfacción social. Más bien, lo común son movimientos de desestabilización social perfectamente organizados que utilizan de pretexto problemáticas reales, -existentes-, para blindarse de forma moral ante la opinión pública y los medios de comunicación y tener un argumento que esgrimir para justificar los daños que hacen a la sociedad.
Está comprobado por múltiples entrevistas de reporteros de medios de comunicación serios y reconocidos, que generalmente la gente va engañada a las movilizaciones públicas con la promesa de un pago o un beneficio, -o cobrarles un favor-, pero en el fondo el objetivo es otro.
Sin embargo, si los movimientos callejeros a la mexicana, -con una alta dosis de improvisación-, generaban molestias a la sociedad, enterarnos de grupos radicales de perfil anarquista son “palabras mayores”. Éstos son profesionales de los disturbios y los legisladores de la ALDF ni remotamente visualizan aún la gravedad de su error.
Es más, una estrategia de los delincuentes cuando pretendan dar un golpe de alto impacto público es generar un disturbio que se convierta en distractor de la policía y las fuerzas armadas para mantener a las autoridades lejos del lugar donde operarán. También puede dar pie a estrategias de desgaste que impacten a las policías y fuerzas armadas en su ánimo, concentración emocional y recursos operativos.
El trato “light” que recibieron de parte de las autoridades los siete indiciados por la violencia del jueves de corpus es una muestra de la impunidad que provocará la nueva legislación de la ALDF, que atará de manos a las autoridades que deben protegernos.
Grave es el panorama que se vislumbra y peor aún que con el argumento de la “criminalización de la protesta social” se haya dejado maniatadas a las autoridades policiacas y de impartición de justicia del gobierno capitalino.
COMENTARIO AL MARGEN
El caso del exministro Genaro Góngora Pimentel da un nuevo vuelco al inconformarse éste frente a la liberación de quien fuese su pareja y es la madre de sus hijos.
Las argucias legaloides que han dado a conocer los noticieros, utilizadas por Góngora Pimentel para evadirse de sus obligaciones frente a la responsabilidad que tiene de mantener a sus hijos es mucho más que un escándalo privado, pues tratándose de quien ocupó el cargo de mayor autoridad en la impartición de justicia en México nos pone frente a la duda de lo justo y éticas que puedan haber sido sus resoluciones como magistrado y juez a lo largo de su carrera en el ámbito jurídico.
