El caso de la activista oaxaqueña Elisa Zepeda, quien fue golpeada, asesinado su hermano e incendiada su casa por caciques oaxaqueños que tienen el poder político del municipio de Eloxochitlán, nos sigue exhibiendo una impunidad intolerable que se vive en México, puesto que la agresión se llevó a cabo a plena luz del día y a la vista de todo el pueblo, en la plaza pública.
Que esto pudiera haber sucedido entre los talibanes de Afganistán o realizado por los guerrilleros de Boko Haram en Nigeria, no nos sorprendería porque es sabido el ingrediente tribal de hábitos y costumbres en esas regiones del mundo, pero que sucediera en el Estado de Oaxaca hace unos días, nos exhibe una gravísima debilidad política del Estado Mexicano.
Los agresores están plenamente identificados y ya fueron recluidos en el penal de Santa María Ixcotel por los delitos de homicidio calificado en agravio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de la señora Elisa Zepeda Lagunas.
De este modo se han fincado responsabilidades judiciales al presidente municipal de Eloxochitlán, Alfredo Bolaños Pacheco, al síndico suplente Herminio Monfil Avendaño, así como a Jaime Betanzos Fuentes y a los policías municipales, Fernando Gavito Martínez, Wilfrido Salazar Herrera, Omar Hugo Morales Álvarez y Rubén Cerqueda Jiménez.
Adicional a esta confrontación realizada durante la asamblea para elegir alcalde… debemos añadir la quema de once automóviles y los periódicos locales mencionan también la del guardaespaldas de Manuel Zepeda, de nombre Gustavo Feliciano.
La verdad sobre este acontecimiento la sabremos después de que se realicen las investigaciones pertinentes.
Sin embargo, este hecho insertado en el contexto de la lucha por la alcaldía, -bajo el esquema de usos y costumbres-, trae un componente misógino, o sea marginación de las mujeres respecto de la vida política de esa comunidad, con uso de violencia.
La existencia de usos y costumbres para designar autoridades locales en muchas comunidades indígenas de México representa una aberración política que en el futuro puede generar mucha violencia, pues legaliza el abuso milenario de quienes siempre han usurpado el control político y económico en las localidades que se rigen por este sistema.
Quienes desde el poder legislativo y el gobierno federal, -hace muchos años-, promovieron y legalizaron el sistema de "usos y costumbres", con toda seguridad fueron motivados por un idealismo político sublimado, que no corresponde a la realidad cotidiana de las ambiciones personales y la lucha frontal, -a través del sometimiento por violencia-, para ejercer poder absoluto, situación que siempre ha existido donde no se aplica la ley emanada de la Constitución Política de nuestro país.
Hoy son los caciques de siempre quienes gobiernan estas comunidades indígenas, -pero ante este vacío de legalidad que hoy se vive-, mañana podrían ser gobernados por cárteles.
Además, cuando los gobiernos democráticos son débiles como los que hoy tenemos en este país, abrir espacios territoriales sin control federal, puede ser sumamente peligroso.
Es urgente que por un acto de justicia se castigue con cárcel a todos los que participaron en este atentado, pero además, se legisle en el Congreso de la Unión para eliminar este modelo político en todo el país.
