Dos nuevos expresidentes de Perú han terminado condenados esta semana. Tras varios meses de juicio oral, Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022) fueron hallados culpables por cargos de corrupción y por un fallido golpe de Estado, respectivamente. Con estas sentencias, ambos políticos se suman a la lista de exjefes de Estado, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, que ya cumplen condenas, principalmente por la trama del caso Odebrecht.
Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión y a 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se comprobó que solicitó $680,000 en sobornos a las constructoras Obrainsa e ICCGSA para favorecerlas en la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y la remodelación del Hospital de Moquegua. Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014, cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.
Las declaraciones de los empresarios de Obrainsa e ICCGSA que pagaron las coimas resultaron cruciales para consolidar la acusación fiscal. A ello se sumó un testimonio trascendental: José Manuel Hernández, amigo íntimo y exministro de Vizcarra, lo delató al confirmar haber recibido el dinero ilícito.
Con las pruebas acopiadas y los testimonios contundentes, la suerte de Martín Vizcarra estaba echada y escrita. La conclusión del tribunal era clara: el expresidente es un corrupto que utilizó su cargo para obtener un beneficio económico indebido.
De nada le sirvió a Vizcarra su incesante activismo en plazas y redes sociales, una estrategia deliberada para sembrar dudas entre los magistrados y confundir al electorado con una ilegal candidatura a la presidencia en las elecciones generales del 2026. La sentencia demostró fehacientemente que cometió delitos y merece prisión.
Vizcarra tiene la posibilidad de apelar, aunque es probable que la segunda instancia del Poder Judicial ratifique la condena de 14 años. Mientras se resuelve, el exmandatario deberá afrontar en las próximas semanas el inicio de un segundo juicio por colusión, derivado del mismo caso de Moquegua, por el cual podría recibir una pena adicional de 10 años.
Con una sentencia firme y tres inhabilitaciones aprobadas en el Parlamento, la carrera política de Martín Vizcarra, un ingeniero que asumió el Ejecutivo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018 y que llegó a tener grandes picos de popularidad en la población, se acabó para siempre. Una situación que perjudicará a Perú Primero, agrupación que fundó y cuya carta para competir en los próximos comicios generales será su hermano Mario Vizcarra, quien no tiene la experiencia ni la trayectoria necesaria para gobernar el país en el próximo quinquenio.
La caída de Vizcarra coincide con la de Pedro Castillo. El maestro rural, que llegó al Palacio de Gobierno en 2021, recibió su condena por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. A pesar de que la Fiscalía solicitaba 34 años, Castillo terminó sentenciado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración, junto con dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Con esto, su candidatura al Senado en las próximas elecciones quedó descartada.
Durante el proceso contra Castillo se desestimó el cargo de rebelión por la ausencia de jurisprudencia. Sin embargo, lo innegable es que el expresidente intentó convertirse en un dictador al anunciar el cierre inconstitucional del Congreso en televisión nacional y ordenar la detención de diversas autoridades como la fiscal de la Nación que tenía a su cargo varias investigaciones contra el gobierno.
El plan golpista de Castillo y sus colaboradores era concentrar todo el poder, emulando a las dictaduras de Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro. Regímenes fracasados, criminales y antidemocráticos que la izquierda peruana defiende y admira incondicionalmente sin ningún tipo de pudor. Afortunadamente, los poderes del Estado peruano cerraron filas ante el proyecto totalitario de Castillo, quien acabó expectorado de la presidencia por el Congreso.
Luego de que Pedro Castillo saliera del poder, la izquierda peruana y latinoamericana se han encargado de difundir una insólita narrativa: el expresidente fue víctima, en realidad, de un golpe de Estado por parte de la derecha que lo empujó a atentar contra la institucionalidad de los peruanos. Un argumento totalmente absurdo que insulta la inteligencia de cualquier persona que presenció los hechos aquel 7 de diciembre del 2022.
El proceso judicial fue transparente y se garantizó el debido proceso para el expresidente, que lejos de cooperar buscó de distintas maneras entorpecer y anular las graves acusaciones que había en su contra. Incluso, el mismo día en que se iba a leer la sentencia, dos abogados de Castillo presentaron escritos para que el juicio se paralice y no se conozca la sanción ejemplar que debía recibir por golpista. No se les hizo caso y se continuó para saber también la condena de otra de las conspiradoras del fallido golpe de Estado: la expremier Betssy Chávez, hoy asilada en la embajada de México en Lima.
Chávez deberá cumplir 11 años y 5 meses de prisión efectiva, así como una inhabilitación de dos años. Se ordenó su ubicación y captura inmediata. Sin embargo, al estar refugiada en la sede diplomática mexicana, resulta imposible para las autoridades detenerla y llevarla a un centro penitenciario tras comprobarse su participación del fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. La expremier espera aún el salvoconducto del Gobierno y así abandonar Perú lo más pronto posible para enrumbarse a México.
Las condenas de Martín Vizcarra por corrupción y de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado confirman una crisis terminal en la presidencia peruana. Es ahí el reto para los peruanos de saber elegir bien en los comicios generales del 12 de abril del 2026 para no lamentar después que el próximo presidente sea procesado por la justicia tras dejar el poder.
