El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Adalberto V. R. fue señalado públicamente por su exesposa, quien presentó denuncias en su contra por presuntos actos de violencia familiar, corrupción de menores, amenazas y un supuesto enriquecimiento de origen no aclarado.
De acuerdo con los señalamientos realizados por la denunciante Nazarely de Jesús Meléndrez Rivera, el legislador presuntamente mantuvo vínculos con actividades relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustible, conocido como "huachicol", además de sostener presuntas relaciones con actores políticos.
La mujer aseguró que durante su relación fue testigo de una vida de excesos y de un crecimiento patrimonial que calificó como inexplicable. Según su versión, José Adalberto V. R. pasó de vivir en un inmueble con una renta mensual aproximada de 3 mil 500 pesos a habitar un departamento con un valor cercano a los 50 millones de pesos, además de adquirir relojes de alta gama, propiedades y otros bienes.
Asimismo, la denunciante afirmó haber sido víctima de amenazas y violencia, por lo que interpuso las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, las cuales deberán determinar la veracidad de los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades.
Las acusaciones también incluyen un señalamiento por presunta corrupción de menores, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre esa investigación.
El caso ha generado diversas reacciones en redes sociales debido a la gravedad de las acusaciones y a la relevancia política del legislador.
Hasta el momento, José Adalberto V. R. no ha emitido un posicionamiento público sobre las denuncias difundidas por su exesposa, mientras que tampoco se ha informado oficialmente sobre alguna resolución judicial relacionada con los señalamientos.
*Las acusaciones corresponden a denuncias presentadas por la parte denunciante y deberán ser investigadas por las autoridades competentes, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia del legislador mientras no exista una resolución firme.
La Jornada
