Guadalupe N, quien recientemente fue registrada como apoderada legal de Ingemar, S.A. de C.V., empresa vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto R. A., fue detenida como parte de las investigaciones federales por el presunto contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal.
La mujer, de 37 años, había sido incorporada a la estructura directiva de Ingemar en marzo de 2026, cuando recibió facultades para representar legalmente a la compañía ante autoridades civiles, fiscales, judiciales, administrativas y penales, además de atribuciones para realizar operaciones financieras y celebrar contratos a nombre de la empresa.
De acuerdo con información que circula, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga las circunstancias en las que la detenida fue designada como apoderada legal, debido a que anteriormente ocupaba un cargo administrativo de nivel medio dentro de la compañía. La autoridad indaga si el nombramiento pudo formar parte de una estrategia para deslindar responsabilidades de otros integrantes de la empresa.
Ingemar se encuentra bajo investigación federal por su presunta participación en operaciones relacionadas con el ingreso irregular de combustibles procedentes de Estados Unidos a México.
El caso tomó relevancia en julio de 2025, cuando autoridades aseguraron en Coahuila alrededor de 15.5 millones de litros de combustible y 129 autotanques, en uno de los mayores decomisos relacionados con el denominado huachicol fiscal.
En julio pasado, la FGR detuvo en Ensenada, Baja California, al exgobernador Ernesto R. A. y al empresario Ricardo T. N., ambos relacionados con Ingemar. Los dos enfrentan acusaciones por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Posteriormente, un juez impuso prisión preventiva a Ernesto R. A. y a otros involucrados mientras continúa el proceso judicial.
La investigación federal busca determinar cómo operó la red dedicada presuntamente al ingreso y comercialización irregular de hidrocarburos, así como el papel que desempeñaron las empresas y personas relacionadas con las operaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que, de acuerdo con las investigaciones, Ingemar habría incurrido en irregularidades en la importación de combustible, entre ellas reportar cantidades menores a las realmente ingresadas al país y declarar un producto distinto para evadir impuestos.
La investigación continúa y será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad penal de cada una de las personas involucradas.
