A más de un mes del trágico fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, la menor de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, su madre, Alejandra Quintos, formalizó la petición ante las autoridades para la exhumación del cuerpo de la adolescente. La medida busca recabar nuevos peritajes forenses e independientes que ayuden a esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el deceso.
La adolescente ingresó el 12 de julio de 2024 a las instalaciones de la academia privada situadas en el municipio de Ciudad Madero, en la zona metropolitana de Tampico. Cuatro días después, el 16 de julio, se notificó su fallecimiento. Aunque el dictamen preliminar del Servicio Médico Forense (Semefo) concluyó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, la familia rechaza esta versión única y señala presuntas inconsistencias y huellas de violencia física en el cuerpo de la menor.
El caso, que actualmente integra la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), derivó en la detención y vinculación a proceso de tres integrantes del personal directivo e instructor de la institución privada. Entre los procesados bajo prisión preventiva se encuentran el director general del plantel, la encargada de la disciplina en el área femenina y una instructora auxiliar, imputados por presuntas omisiones en el deber de cuidado y posible responsabilidad penal.
A raíz de la muerte de Dafne, diversos exalumnos y padres de familia interpusieron testimonios y denuncias públicas ante la FGJT detallando presuntos castigos corporales, negligencia médica y tratos denigrantes al interior de la Academia Doenitz. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado oficial en el que aclaró que las fuerzas armadas no avalan, supervisan ni otorgan validez operativa a academias militarizadas de carácter privado en México, desligándose por completo de la operación del establecimiento de Ciudad Madero.
Con la solicitud de exhumación en curso, la defensa legal de Alejandra Quintos espera que especialistas en medicina legal realicen una necropsia secundaria para determinar si existieron traumatismos o agresiones previas a la sumersión. La tragedia reabrió a nivel regional el debate legislativo y administrativo sobre la falta de regulación, inspección y licencias de funcionamiento de los campamentos y escuelas bajo formato militarizado para menores de edad en el estado de Tamaulipas.
