La maestra de preescolar María Guadalupe “N” fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado contra menores, tras aceptar su responsabilidad en un procedimiento abreviado.
Los hechos ocurrieron en el Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi, ubicado en la colonia Vibar, en León, Guanajuato, donde la docente impartía clases. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que la sentencia fue dictada luego de que la acusada aceptara los cargos ante la autoridad judicial.
El caso salió a la luz en julio de 2025, cuando madres y padres de familia se manifestaron afuera del plantel para exigir justicia por presuntos abusos sexuales, físicos y psicológicos contra sus hijos.
En las primeras denuncias se habló de al menos ocho menores posiblemente afectados. Conforme avanzó la investigación, se integraron varias denuncias y finalmente el proceso penal que derivó en la sentencia correspondió a cinco víctimas.
De acuerdo con los testimonios difundidos durante las investigaciones, la docente habría utilizado dentro del salón una dinámica conocida como “el juego del pato”, mediante la cual, según las denuncias de los padres, se producían tocamientos y se imponían castigos a los menores. También fueron señalados presuntos actos de violencia física y psicológica.
El 10 de julio de 2025, María Guadalupe “N” fue detenida y vinculada a proceso penal. Un juez le impuso prisión preventiva, por lo que permaneció recluida mientras continuaba la investigación.
Antes de la detención, la Secretaría de Educación de Guanajuato había determinado separarla de su cargo. La directora del plantel también fue separada de sus funciones mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.
En julio de 2025, además, un juez rechazó un amparo promovido por la docente para enfrentar el proceso en libertad. Para entonces, ya se habían acumulado nuevas denuncias contra ella.
Además de los seis años y ocho meses de prisión, la resolución contempla otras sanciones.
La autoridad judicial determinó su destitución como maestra ante la Secretaría de Educación de Guanajuato y su inhabilitación para ejercer el cargo durante el mismo periodo de la pena de prisión.
También se ordenó la suspensión de sus derechos político-electorales por el mismo tiempo y su inscripción en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales.
La condena se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, figura en la que la acusada acepta los cargos y se resuelve el proceso sin llegar a un juicio oral completo.
Cuando el caso se hizo público, alrededor de 20 madres y padres de familia acudieron al exterior del kínder Juan Enrique Pestalozzi para denunciar lo ocurrido y exigir que las autoridades investigaran.
Las familias señalaron que comenzaron a notar cambios en el comportamiento de algunos menores, como tristeza, aislamiento, ansiedad o rechazo a acudir al preescolar.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas también brindó acompañamiento psicológico a menores y sus familias durante el desarrollo del caso.
El Financiero
