Un juez federal dictó vinculación a proceso contra Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, y otras ocho personas, por su presunta participación en delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados son señalados como posibles integrantes de una estructura dedicada al robo a autotransporte de carga, extorsión y secuestro en el corredor carretero Puebla-Veracruz.
Entre las personas vinculadas a proceso se encuentran Verónica García Ramírez, Efraín Rojas Arcos, Cristian Fernando Sarmiento Serrano, Eduardo Ramos Montiel, Abigail Contreras Camacho, Manuel Rodríguez Ochoa, Melesio Castillo González y José Alfredo Zúñiga Hernández.
Manuel Rodríguez Ochoa es hermano del presidente municipal, mientras que Abigail Contreras Camacho se desempeñaba como directora de Seguridad Pública municipal.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez determinó imponer a los nueve imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso judicial.
Las detenciones se realizaron el pasado 7 de septiembre, durante un operativo federal en el municipio de Esperanza en el que participaron elementos de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades de seguridad pública estatal y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
El despliegue incluyó la ejecución de 23 órdenes de cateo en distintos puntos del municipio.
En el caso de Abigail Contreras Camacho, el Ministerio Público expuso ante el juez que presuntamente habría ofrecido dinero a agentes para evitar que realizaran uno de los cateos efectuados en Esperanza.
Por estos hechos, la exfuncionaria también fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, además de enfrentar cargos relacionados con la portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La investigación continúa y corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad individual de cada uno de los imputados. La vinculación a proceso no implica por sí misma una sentencia condenatoria.
