Roxana Lili C. M., exalcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, fue detenida en la Ciudad de México por una investigación relacionada con presuntas irregularidades en contratos públicos durante su administración municipal, en los que la Fiscalía estatal señala un posible daño al erario superior a 62 millones de pesos.
La exfuncionaria fue arrestada el jueves 19 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza y posteriormente quedó a disposición de las autoridades para enfrentar el procedimiento correspondiente.
Es una abogada y política que militó en el Partido Acción Nacional (PAN). Su trayectoria en el servicio público incluye cargos en el ámbito estatal y municipal de Quintana Roo.
Uno de los aspectos que llamó la atención de su detención es que, de acuerdo con reportes periodísticos, en septiembre de 2026 se incorporó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como fiscal de Investigación del Delito de Narcomenudeo.
Dos meses después fue detenida en la capital del país por una investigación relacionada con su gestión al frente del Ayuntamiento de Solidaridad.
La situación jurídica de la exalcaldesa deberá determinarse ante las autoridades judiciales. Las acusaciones forman parte de una investigación y no representan, por sí mismas, una sentencia condenatoria.
Antes de llegar a la presidencia municipal de Solidaridad, se desempeñó como vicefiscal general del estado y consejera jurídica del Poder Ejecutivo. También fue diputada local en el Congreso de Quintana Roo.
En 2021 ganó las elecciones municipales y asumió la presidencia municipal de Solidaridad, municipio cuya principal ciudad es Playa del Carmen. Permaneció en el cargo hasta 2024.
Ese año buscó la reelección, pero perdió frente a Estefanía Mercado, candidata de Morena.
La investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo está relacionada con presuntas irregularidades en tres licitaciones públicas realizadas entre 2022 y 2024.
Los contratos estaban destinados a servicios especializados de lavado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
De acuerdo con los señalamientos ministeriales, el municipio contaba con un parque vehicular de 123 unidades, mientras que la empresa contratada reportaba hasta 865 lavados mensuales, pese a tener solamente 15 empleados.
La Fiscalía también señaló presuntas inconsistencias en la documentación de los servicios y comprobantes fiscales, así como la continuidad de los pagos por parte del gobierno municipal.
El posible daño a las finanzas públicas señalado en la investigación supera los 62 millones de pesos.