Ante la alta demanda de camiones urbanos en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, la gobernadora Rocío Nahle, evalúa trasladar camiones Quetzalli desde Coatzacoalcos hacia la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, en caso de que sea necesario reforzar el servicio de transporte público.
En entrevista con XEU Noticias, la mandataria explicó que la propuesta fue planteada por un delegado especial y se encuentra actualmente “sobre la mesa”, sin que haya sido descartada.
Detalló que el estado cuenta con 140 unidades, de las cuales 40 son nuevas y aún no entran en operación debido a que se encuentran en proceso de capacitación de choferes, además de 60 camiones más que están detenidos en Cuauhtlancingo por el mismo motivo.
“Si es necesario mover las unidades de Coatzacoalcos para acá, se mueven, mientras solicitamos más camiones a la empresa”, afirmó la gobernadora, al subrayar que tanto los camiones Quetzalli como los Ulúa son propiedad del Estado.
Nahle destacó la importancia de que el gobierno estatal haya decidido invertir directamente en el sistema de movilidad, al considerarlo un eje fundamental para el desarrollo económico, turístico y social de Veracruz.
“El Estado tiene que dar la cara y tiene que invertir. Estamos invirtiendo en salud, educación, campo, turismo y cultura, y por supuesto también en movilidad”, señaló, recordando que la modernización del transporte en Veracruz y Boca del Río fue una de las primeras decisiones de su administración debido a la urgencia que existía en la zona.
La mandataria también fue enfática en señalar que no habrá aumento en la tarifa del transporte público y que los camiones Ulúa comenzarán a operar como una concesión del Estado para el Estado, bajo control gubernamental.
Precisó que, aunque las unidades Ulúa tienen ya tres meses siendo propiedad estatal, previamente se habían puesto a disposición de concesionarios. Sin embargo, a partir de este día, se ordenó que todos los camiones se concentren en el auditorio para pasar revista y determinar cuántos choferes continuarán trabajando directamente para el Estado.
“Los que no quieran quedarse, se respeta. No hay ningún problema. Los que se queden van a seguir trabajando en rutas, con absoluto respeto y, sobre todo, con seguridad”, aseguró.
Finalmente, Rocío Nahle subrayó que las calles y las rutas son públicas y que corresponde al gobierno garantizar el estado de derecho y la seguridad en el transporte. Añadió que, aunque existe respeto hacia los concesionarios y prestadores de servicio, el gobierno debe actuar con firmeza y tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía.
