A una década de la entrada en vigor obligatoria del Sistema Penal Acusatorio en México, el abogado Tomás Mundo Arriasa consideró que existen más aspectos por corregir que por celebrar, al señalar que persisten problemas de capacitación, infraestructura y presunta politización de la justicia.
En entrevista para XEU, recordó que el próximo 18 de junio se cumplen 10 años de la implementación formal del modelo que sustituyó al sistema inquisitivo por uno acusatorio y adversarial, basado en la confrontación de argumentos entre las partes y el respeto al debido proceso.
Sin embargo, afirmó que en la práctica el sistema continúa enfrentando múltiples deficiencias.
"Diez años después sigue siendo un sistema que muchos no entienden y que no se aplica correctamente. Tenemos audiencias colapsadas, retrasos de varias horas e incluso diferimientos constantes", señaló.
El litigante atribuyó gran parte de estas fallas a la falta de capacitación especializada y de calidad para jueces, ministerios públicos, peritos y demás operadores del sistema de justicia.
Indicó que frecuentemente se presume la capacitación del personal mediante cursos de corta duración, pero cuestionó la profundidad y calidad de la formación recibida.
Además, señaló que persisten carencias de infraestructura en juzgados y salas de audiencia, donde en ocasiones los espacios resultan insuficientes para el adecuado desarrollo de los procesos.
Mundo Arriasa también expresó preocupación por lo que calificó como una pérdida de independencia judicial, al considerar que algunos juzgadores enfrentan presiones al momento de emitir resoluciones.
"De nada sirve hablar de técnicas avanzadas de litigación, de valoración de pruebas o de contrainterrogatorios, si al final existen decisiones que no atienden los argumentos ni las pruebas presentadas", sostuvo.
El abogado calificó como un retroceso la situación actual del sistema de justicia en el país y aseguró que la prisión preventiva y las vinculaciones a proceso se han convertido, en muchos casos, en indicadores utilizados para medir resultados, sin que necesariamente se garantice la justicia.
Expuso que en Veracruz había aproximadamente 8 mil 600 personas privadas de la libertad hasta hace unos meses, de las cuales alrededor de 5 mil 500 se encontraban sin sentencia definitiva.
Asimismo, consideró que la presunción de inocencia y el debido proceso no se aplican de manera uniforme para todos los ciudadanos.
"No podemos normalizar que la gente permanezca años en prisión sin una sentencia. La justicia no se mide por cuántas personas están encarceladas, sino por la calidad de las investigaciones y de las resoluciones judiciales", afirmó.
Finalmente, señaló que a 10 años de la implementación del Sistema Penal Acusatorio no existen motivos para festejar, sino para realizar una evaluación profunda que permita corregir las fallas estructurales y fortalecer la impartición de justicia en México.
"Hay mucho que lamentar y mucho trabajo por hacer. Mientras no exista verdadera independencia judicial, capacitación de calidad e infraestructura adecuada, será difícil que el sistema alcance los objetivos para los que fue creado", concluyó.
