Ciudadanos, representantes de organizaciones civiles, extrabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) y defensores del medio ambiente exigieron durante el Cabildo Abierto del Ayuntamiento de Veracruz la extinción de la concesión otorgada a Grupo MAS y la requisa del servicio de agua potable y saneamiento, al denunciar presuntos abusos, cobros excesivos y deficiencias en la prestación del servicio.
Durante la sesión, los participantes expusieron irregularidades que, aseguraron, han afectado durante años a miles de usuarios, entre ellas cortes arbitrarios del suministro, tarifas elevadas, mala calidad del agua y falta de transparencia por parte de la empresa concesionaria.
Al encabezar los trabajos, la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo afirmó que el actual Cabildo es el primero en una década que abre un espacio formal para escuchar las inconformidades de la ciudadanía respecto a la operación de Grupo MAS.
“En diez años que lleva concesionada el agua de los veracruzanos a Grupo MAS, este Cabildo es el primero que se toma el tiempo de escuchar a la población y prestar toda la atención al clamor popular que exige agua de calidad, tarifas justas y un buen servicio”, expresó.
La presidenta municipal sostuvo que el acceso al agua constituye un derecho humano y no una mercancía, por lo que reiteró que el objetivo de su administración es recuperar el carácter público del servicio.
“Siempre hemos sido claros. Nuestro objetivo es rescatar el servicio público de agua y saneamiento. El agua no es una mercancía; es un derecho humano y el servicio debe estar al servicio del pueblo, no de los intereses mercantiles”, señaló.
Durante su intervención, Hernández Espejo denunció que Grupo MAS realiza cobros excesivos a escuelas públicas, comercios y familias veracruzanas, aseguró, que éstos exceden los plazos legales permitidos.
“Grupo MAS les cobra cientos de miles de pesos cuando constitucionalmente no puede cobrar más de cinco años. Hay escuelas públicas, primarias, jardines de niños y secundarias que enfrentan adeudos impagables y a muchas les han cortado el agua”, afirmó.
Asimismo, recordó que una de las primeras acciones de la administración municipal fue solicitar al Congreso del Estado una auditoría integral a Grupo MAS a través del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), con el propósito de revisar aspectos técnicos, financieros y legales de la concesión.
Indicó que los resultados de dicha auditoría servirán como base para determinar nuevas acciones jurídicas contra la empresa concesionaria.
La alcaldesa también destacó la reestructuración del Instituto Metropolitano del Agua (IMA), organismo que ahora cuenta con representación ciudadana.
“Antes no era un consejo ciudadano; eran empleados que autorizaban todo a Grupo MAS. No existían documentos ni observaciones que permitieran emprender acciones legales porque todos los actos eran consentidos”, señaló.
Además, recordó que el Ayuntamiento frenó los incrementos automáticos en las tarifas de agua vinculados a la inflación y aseguró que siguen las denuncias ciudadanas por cobros considerados arbitrarios.
Reveló en la sesión la intención de Grupo MAS de que el Ayuntamiento participe en el cobro de una cartera vencida por 2 mil 660 millones de pesos.
“Nos hicieron llegar oficios para que cobremos una cartera vencida que dicen les adeudan los veracruzanos. No lo vamos a permitir. No vamos a cobrar cantidades infladas, recargos no autorizados ni adeudos de más de diez años”, sostuvo la alcaldesa.
Agregó que el gobierno municipal no permitirá afectaciones al patrimonio de más de 82 mil familias, escuelas y negocios que actualmente enfrentan problemas relacionados con el servicio.
En su intervención, la presidenta municipal informó también que, derivado de una obra presuntamente no autorizada realizada por la empresa en la avenida Miguel Alemán y Calzada de la Armada, el Ayuntamiento impuso sanciones administrativas y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
Al respecto, el director del Instituto Metropolitano del Agua, Óscar Rodríguez Hernández, informó que la multa asciende a 938 mil pesos por la mencionada obra, añadió que la sanción fue notificada el pasado 3 de junio y que, además, el Ayuntamiento presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para reclamar cerca de 11 millones de pesos por el presunto desvío de agua derivado de dicha obra.
Ante las peticiones ciudadanas, Hernández Espejo convocó a los integrantes del Cabildo a respaldar las demandas de la población y continuar con las acciones necesarias para revisar la viabilidad de la concesión.
“Tomemos en cuenta las peticiones de la ciudadanía y asumamos el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias por el bienestar de Veracruz”, expresó.
Asimismo, anunció que el Ayuntamiento habilitará una plataforma digital donde se pondrá a disposición de la ciudadanía toda la documentación relacionada con el caso, incluido el contrato original de concesión, con el propósito de transparentar las acciones legales emprendidas.
En el Cabildo Abierto participaron Pedro Rivera García, presidente de la asociación civil Casa Zapata Veracruz; Angélica Navarrete Mendoza, secretaria general del Sindicato Teniente José Azueta del extinto SAS; Beatriz Solís Rincón, fundadora del colectivo Mujeres Restaurando el Ecosistema y Guardiana del Ecosistema; y Jesús López Peña, presidente de la asociación civil Fuerza Ciudadana Veracruz.
Durante la sesión, diversos regidores manifestaron su respaldo a las demandas ciudadanas y se pronunciaron a favor de analizar las vías legales para avanzar hacia la extinción de la concesión de Grupo MAS y la recuperación del servicio público de agua potable para los veracruzanos.
Al concluir la sesión de Cabildo Abierto, la alcaldesa salió al balcón del Palacio Municipal para saludar a los ciudadanos que se reunieron en la plaza cívica para exigir la extinción de Grupo MAS.
