A pesar de los avances legislativos en materia de paridad de género y del incremento visible de mujeres en cargos de representación popular, Veracruz sigue siendo una de las entidades más peligrosas del país para las mujeres que deciden hacer política, así lo advirtió la abogada especialista en violencia política de género, Martha Márquez, quien señaló que esta forma de violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para la plena participación femenina en la vida pública veracruzana.
Durante el más reciente proceso electoral, Veracruz ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, un dato que la jurista considera alarmante y que coloca a la entidad en el centro del debate sobre la seguridad y las condiciones reales en que las mujeres ejercen sus derechos políticos.
"Veracruz siempre ha estado entre los primeros lugares de este tipo de violencia. En las elecciones pasadas se registró que fuimos la segunda entidad a nivel nacional con este tipo de casos", declaró Márquez, quien se ha dedicado al estudio y la defensa de los derechos políticos de las mujeres.
La especialista distinguió con claridad entre lo que garantiza la ley y lo que ocurre en la realidad cotidiana. Si bien el principio de paridad asegura formalmente que las mujeres accedan a espacios de representación política, ese acceso no viene acompañado, en muchos casos, de condiciones dignas ni de un entorno libre de presiones.
Martha Márquez explicó que numerosas mujeres que logran ocupar cargos públicos o participar activamente en procesos electorales se encuentran con ambientes deliberadamente hostiles, diseñados para desalentarlas, desgastarlas emocionalmente o directamente expulsarlas de los espacios de toma de decisiones.
Las consecuencias de este clima adverso son concretas y medibles: en muchos casos, las mujeres terminan abandonando sus aspiraciones políticas o deciden no continuar en el servicio público, no por falta de capacidad ni de convicción, sino por el costo personal que implica sostenerse en esos espacios frente a la violencia sistemática.
Más allá de la violencia directa, la abogada señaló que las mujeres enfrentan una serie de retos estructurales que también limitan su participación. Las tareas de cuidado, las responsabilidades del hogar y la crianza de los hijos siguen recayendo de manera desproporcionada sobre ellas, lo que representa una carga adicional que los hombres en política raramente deben asumir en los mismos términos.
Esta desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de cuidado no es un asunto privado ni menor: tiene un impacto directo en el tiempo, la energía y los recursos con que las mujeres pueden dedicarse a la actividad política, y opera como un mecanismo silencioso de exclusión que pocas veces se nombra en los debates institucionales.
Al analizar las raíces de la violencia política de género, Martha Márquez fue directa: una parte de los actos de violencia y hostigamiento proviene de hombres que perciben el avance de las mujeres en la política como una pérdida personal de poder y de espacios que históricamente les pertenecieron de manera exclusiva.
"Muchos hombres se ven amenazados; se sienten como si les hubiéramos quitado los espacios de representación. Antes, recordemos que no había mujeres dentro de los gabinetes, no había mujeres en los congresos. Fueron incursionando poco a poco, primero a través de las cuotas, luego a través del principio de paridad", afirmó la jurista.
Esta resistencia, según explicó, no siempre se manifiesta de forma abierta o violenta en lo inmediato. En muchos casos adopta formas más sutiles: descalificaciones, cuestionamientos a la autoridad, rumores, exclusión de decisiones relevantes o presiones para que las mujeres cedan protagonismo.
La especialista también señaló que persisten con fuerza estereotipos y roles de género profundamente arraigados en la cultura política veracruzana y mexicana. Entre los cuestionamientos más frecuentes que enfrentan las mujeres que aspiran a cargos públicos, destacó los que giran en torno a su papel como madres y responsables del hogar:
Estos cuestionamientos, que rara vez se dirigen a los hombres en las mismas circunstancias, reflejan una concepción cultural que todavía reserva el ámbito doméstico para las mujeres y el espacio público para los hombres, y que usa esa división como argumento para deslegitimar sus aspiraciones políticas.
Frente a este panorama, Martha Márquez lanzó un llamado claro a las mujeres que participan o desean participar en la vida política: no enfrentar solos estos retos.
La abogada hizo énfasis en la importancia de construir y fortalecer redes de apoyo entre mujeres, espacios donde puedan compartir experiencias, articular estrategias y sostenerse mutuamente ante la adversidad.
En ese sentido, destacó la relevancia de espacios como el Encuentro Nacional de Mujeres Políticas, donde pueden coincidir quienes atraviesan situaciones similares y construir vínculos que trasciendan la coyuntura electoral.
Asimismo, recordó que existen mecanismos legales específicos para denunciar y combatir la violencia política en razón de género.
En México, este tipo de violencia está tipificada y cuenta con instancias formales de atención, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a las que cualquier mujer víctima de este tipo de actos puede acudir a presentar su denuncia.
El mensaje de la especialista fue contundente: la paridad conquistada en las leyes no será real mientras las condiciones políticas, culturales y sociales no cambien de fondo. Y ese cambio, advirtió, requiere tanto de voluntad institucional como de solidaridad entre las propias mujeres.
