Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunciaron que el próximo miércoles 1 de julio realizarán un plantón pacífico en Boca del Río, Veracruz, como parte de su rechazo a la reforma constitucional que ha reducido drásticamente sus pensiones.
La cita es a las 8:45 de la mañana frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), ubicadas en Juan Pablo II esquina Tiburón, en el Fraccionamiento Costa de Oro.
El movimiento no es nuevo, pero con esta movilización busca visibilidad ante las autoridades locales y federales. Jorge del Río Montiel, ex trabajador de la CFE, explicó que la protesta surge principalmente en respuesta a la reforma al artículo 127 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación y promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada por el Congreso de la Unión y conocida popularmente como la ley contra las "pensiones doradas".
“Fundamentalmente estamos exigiendo tres puntos: respeto a nuestras pensiones; respeto a la Constitución, en particular respeto a los artículos 1 y 14; y en tercer punto estamos promoviendo también la defensa de la autonomía e independencia del INE y la autonomía del Poder Judicial y de la Suprema Corte”.
El argumento central del grupo es que la ley no puede aplicarse retroactivamente sobre derechos que ya fueron obtenidos legalmente tras décadas de trabajo. Para ellos, modificar las reglas a mitad del camino es una violación directa al artículo 14 constitucional, que prohíbe precisamente ese tipo de retroactividad.
“Fueron pensiones ganadas limpiamente a lo largo de más de 30 o 45 y aún hay casos de compañeros que trabajaron 50 años para obtener una jubilación que les permita vivir en la última etapa de su vida con dignidad, con decoro y sobre todo en una edad donde se requieren recursos para sostener enfermedades crónicas que son propias de la edad avanzada”.
Uno de los puntos más polémicos del debate es el argumento que utilizó el gobierno federal para justificar la reforma: la existencia de jubilados que reciben hasta un millón de pesos mensuales. Del Río Montiel lo rechazó de frente.
“Totalmente falso esa argumentación; creemos que el Ejecutivo Federal fue informado incorrectamente, en el caso de CFE nunca hubo ni hay pensiones millonarias de más de un millón de pesos”.
Además, subrayó que lo que está en juego va mucho más allá de sus bolsillos. En su visión, este conflicto toca un principio fundamental que puede afectar a cualquier ciudadano:
"Esto va más allá, esto tiene que ver con la certeza jurídica, con el derecho que tiene toda la población a disfrutar de la propiedad privada; si hoy somos nosotros, si ayer fue el INE, si ayer fue el Poder Judicial, mañana seremos los periodistas, los médicos, los comerciantes o cualquier empresario o cualquier persona que tenga propiedad y puede ser afectado con estas reglas que violan el artículo 14 de la no retroactividad".
Rafael Arroyo, otro jubilado de la CFE, puso el foco en las consecuencias concretas que ya resienten en su vida diaria. Habló de hipotecas impagables, acceso limitado a medicamentos y un deterioro real en su calidad de vida que, aseguró, tiene consecuencias jurídicas y hasta penales para algunos.
"La gran mayoría somos ya de la tercera edad, básicamente en nuestras formas de atención médica que muchos compañeros están sufriendo enfermedades crónicas; la vivienda con muchos compromisos que se han establecido, muchos de nosotros la ilusión de tener una vivienda digna pues fue a través de cumplir con este tiempo de trabajo y a través de nuestras jubilaciones dar ese salto para poder tener una vejez digna y compromisos de estar pagando mensualmente hipotecas que es imposible de pagar, esa parte se nos viene encima inclusive jurídica y hasta penal".
Arroyo también cuantificó el impacto económico que han sufrido dependiendo del nivel que cada trabajador tenía al momento de jubilarse: "Dependiendo de la posición ejecutiva que se tenía u operativa, en algunos porcentajes se manifestaron cerca del 66 o 70 por ciento en nuestras percepciones".
Jaime Hernández, quien laboró durante décadas en Pemex, habló del estrés financiero y psicológico que viven muchos de sus compañeros al no poder cumplir con sus compromisos económicos básicos, y reveló una cifra de consecuencias fatales.
“Este acoso psicológico les ha llevado a muchos compañeros, nosotros tenemos claridad cuántos compañeros han muerto por estas circunstancias; desde los paros cardiacos hasta hoy por hoy, incluso el fuerte impacto de la propia diabetes”.
¿Cuántas personas han muerto?
“Registrados 19”.
¿En dónde?
“En diferentes estados de la República”.
¿Comprobado que ha sido por eso?
“Claro, le estoy hablando de datos comprobables”.
Los tres voceros del movimiento coincidieron en un punto esencial: sus pensiones no fueron un regalo ni un privilegio otorgado de forma arbitraria, sino el resultado de contratos y condiciones laborales pactadas antes de que entrara en vigor la reforma.
Seguirán movilizándose, en Veracruz y en otros estados, hasta que sus casos sean revisados y se garantice lo que consideran un derecho constitucional adquirido: vivir con dignidad en la última etapa de su vida.
