El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) por el Distrito 9 cabecera en Coatepec, Adrián Naveda, hizo un llamado al Congreso de Veracruz para que la nueva Ley Estatal de Aguas garantice el acceso al agua como un derecho humano y prohíba la suspensión total del servicio a personas en situación de vulnerabilidad económica.
Explicó que, tras la reforma constitucional aprobada en diciembre pasado, los congresos estatales deben armonizar su legislación en materia de agua, por lo que consideró que Veracruz tiene la oportunidad de incorporar medidas que protejan a los usuarios más vulnerables.
El legislador propuso que, en casos de falta de pago por condiciones económicas extremas, no se cancele el suministro, sino únicamente se restrinja.
"No estamos nosotros condonando que exista falta de pago, el agua hay que pagarlo, porque tiene un costo, pero en situación de vulnerabilidad, de precariedad económica, a la gente no se le puede cancelar el servicio, porque el agua es un derecho humano".
Al ser cuestionado si esta medida no incentiva la morosidad, el político aclaró que la persona tendría que demostrar por qué no paga el agua.
Indicó que quienes soliciten este beneficio deberán acreditar su situación económica para evitar que la medida se convierta en un incentivo para la morosidad.
Asimismo, exhortó a los diputados locales a reconocer en la legislación estatal a los sistemas comunitarios de agua, figura que ya quedó contemplada en la reforma federal.
Explicó que estos comités, integrados por habitantes de las comunidades, administran el servicio de agua sin fines de lucro y, afirmó, representan uno de los modelos más eficientes para garantizar el abasto.
"En gran parte del país y del estado lo que existen son las comunidades administrando su propia agua, porque se le da el tratamiento de un derecho humano y no una mercancía.
Respecto a las concesiones para la explotación de agua mediante pozos, aclaró que la reforma no elimina los permisos ya existentes ni impide que particulares soliciten nuevas concesiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Precisó que el objetivo es evitar que el recurso sea utilizado para fines distintos a los autorizados, pues hay personas que venden el agua.
"Todas las concesiones anteriores se respetan, no se le cancela la concesión a nadie, sólo se busca que sí sean utilizadas para lo que realmente se dieron, había casos de abuso, donde en lugar de utilizarla para protección agropecuaria agrícola, ya estaban vendiendo del agua".
Adrián Naveda, reiteró que la prioridad de la reforma debe ser garantizar que todas las personas tengan acceso al agua potable en sus hogares antes que cualquier otro uso del recurso.
