Condutores revelaron la estrategia que usa la Dirección de Transporte Público del Estado de Veracruz para detectar y sancionar a conductores que operan plataformas de transporte por aplicación como Uber y DiDi en Veracruz-Boca del Río.
A través de la llamada estrategia de usuario simulado, inspectores se hacen pasar por pasajeros comunes para solicitar el servicio, identificar a los operadores y proceder a la detención de los vehículos. El resultado: al menos tres autos remolcados al corralón este lunes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, con multas que ascienden a cerca de 100 mil pesos por unidad, más los costos de grúa y estadía en el corralón.
La táctica, que generó reacciones inmediatas entre el gremio de conductores, consiste en que una persona vinculada a las autoridades solicita un viaje a través de la aplicación como si fuera un usuario ordinario.
Una vez que el conductor acepta el servicio y se encuentra en trayecto, elementos de la Dirección de Transporte Público lo interceptan.
Conductores afectados relataron a XEU Noticias que una de estas intervenciones ocurrió a la altura del bulevar Ruiz Cortines, donde el vehículo fue detenido, asegurado y enviado al corralón sin mayores trámites previos.
La respuesta del sector no tardó en llegar. Conductores agremiados en la Unión Veracruzana de Aplicación (UVECA) se movilizaron y bloquearon la avenida Rafael Cuervo, al norte de la ciudad de Veracruz, en señal de protesta por lo que consideran operativos injustos y desmedidos. La manifestación buscó visibilizar una inconformidad que, según los propios trabajadores, lleva tiempo acumulándose frente a la postura de las autoridades estatales en materia de transporte digital.
Ángel Domínguez, líder de la UVECA, encabezó la protesta y se convirtió en la voz del gremio ante los medios. En su intervención, cuestionó abiertamente la proporcionalidad de las sanciones y el impacto que estas tienen en las familias de quienes dependen económicamente de estas plataformas para vivir.
"Se sabe que la multa asciende alrededor de los 100 mil pesos. Más aparte a la unidad la retiran, la detienen y se la llevan al corralón. Eso afecta a la familia, o sea, es una parte importantísima... las fotografías de las multas ya están en redes sociales".
Ángel Domínguez, líder de la UVECA
Domínguez también criticó duramente la manera en que se ejecutan las detenciones, señalando que el trato que reciben los conductores de aplicaciones se asemeja, en sus propias palabras, al que se les da a integrantes de la delincuencia organizada, algo que el dirigente calificó como inaceptable para trabajadores que buscan ganarse la vida de forma honesta.
De acuerdo con los reportes confirmados por la propia UVECA, al menos tres vehículos particulares fueron asegurados durante los operativos de este lunes. Las sanciones no se limitan únicamente a la multa económica, que ronda los 100 mil pesos, sino que incluyen además los gastos de remolque y los días que la unidad permanezca en el corralón, costos que en conjunto pueden representar un golpe financiero difícil de absorber para un conductor independiente.
Para dimensionar el impacto, vale la pena considerar el contexto: muchos de los conductores que operan en plataformas como Uber o DiDi en Veracruz no son empleados formales de estas empresas, sino personas que utilizan su propio vehículo como herramienta de trabajo. Perder ese auto, aunque sea temporalmente, significa perder la fuente de ingreso completa de una familia. A eso se suma la carga de una multa que, en muchos casos, equivale a meses enteros de ganancias.
Uno de los puntos más relevantes del conflicto tiene que ver con la situación legal específica de la plataforma DiDi. Según explicó Ángel Domínguez, esta empresa cuenta con un amparo jurídico a nivel federal que, en teoría, le otorgaría el respaldo necesario para operar dentro del territorio veracruzano, incluso ante la postura de las autoridades estatales de transporte.
Este elemento añade una capa de complejidad al debate, pues ya no se trata únicamente de una discusión entre conductores y autoridades locales, sino que involucra tensiones entre marcos regulatorios federales y estatales que aún no han sido resueltas de forma clara. La coexistencia de plataformas digitales de transporte con los sistemas de concesión tradicionales ha sido una fuente de conflicto constante en múltiples estados del país, y Veracruz no es la excepción.
La pugna entre las autoridades de transporte de Veracruz y los conductores de aplicaciones digitales tiene antecedentes que se remontan a la llegada de estas plataformas al estado. Mientras empresas como Uber y DiDi han expandido su presencia en ciudades como Xalapa, Veracruz y Boca del Río, el marco legal estatal no ha avanzado al mismo ritmo, generando un vacío regulatorio que las autoridades han optado por cubrir con operativos de sanción en lugar de acuerdos formales de regulación.
Los conductores agremiados en la UVECA han manifestado en distintas ocasiones su disposición a regularizarse, siempre que las condiciones sean justas y accesibles. Sin embargo, denuncian que la falta de un esquema claro de operación legal los coloca en una situación de vulnerabilidad permanente, expuestos a operativos como el de este lunes que, desde su perspectiva, no resuelven el problema de fondo sino que simplemente castigan a quienes trabajan.
Hasta el cierre de esta nota, la Dirección de Transporte Público del Estado no había emitido un pronunciamiento oficial sobre las protestas ni sobre la situación legal de las plataformas afectadas.
Foto: IA
