El caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ha vuelto a poner sobre la mesa una duda frecuente: ¿qué ocurre cuando una víctima otorga el llamado "perdón legal" en un proceso por violencia familiar? Especialistas advierten que este tipo de delitos no desaparecen por decisión de la víctima, ya que en la mayoría de las entidades del país, incluido Veracruz, se persiguen de oficio.
La abogada Ariana Vázquez, integrante del colectivo Brujas del Mar, explicó que el hecho de que un imputado recupere su libertad no significa que haya quedado exonerado ni que el procedimiento penal haya concluido.
"En el caso que nos ocupa, el exdirector de Pemex recuperó su libertad, pero continúa vinculado a proceso. Eso quiere decir que un juez todavía deberá determinar la sanción correspondiente por los delitos que se le imputan", señaló.
La especialista explicó que el denominado perdón del ofendido tiene efectos limitados y no aplica para frenar procedimientos relacionados con violencia familiar.
"El delito de violencia familiar regularmente se persigue por oficio. Aunque exista un perdón, la investigación y el proceso judicial continúan", afirmó.
Precisó que esta figura jurídica suele utilizarse únicamente en delitos de menor gravedad, como amenazas o lesiones leves, pero no en casos donde existe un contexto sistemático de violencia dentro del núcleo familiar.
"La violencia familiar no son solamente golpes. También incluye amenazas, humillaciones, violencia psicológica y todas las conductas que afectan la integridad de una mujer y de toda una familia", subrayó.
Ariana Vázquez recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el daño ocasionado por la violencia familiar difícilmente puede repararse por completo.
"¿Cómo reparas la baja autoestima, los golpes, las humillaciones o el trauma que viven tanto la mujer como sus hijos? No existe una cantidad de dinero que permita regresar el tiempo y borrar lo vivido", expresó.
No obstante, explicó que la legislación mexicana contempla una reparación integral del daño, que puede incluir indemnizaciones económicas, atención psicológica y otras medidas dirigidas a restituir, en la medida de lo posible, los derechos de la víctima.
La abogada indicó que, dependiendo del caso, el imputado puede acogerse a un procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual acepta su responsabilidad a cambio de una reducción en la pena.
"Es un esquema similar al utilizado en Estados Unidos. La persona reconoce su culpabilidad y obtiene una disminución de la condena. Incluso, en algunos casos, la pena privativa de libertad puede conmutarse mediante el pago correspondiente conforme a lo que determine el juez", explicó.
Sin embargo, enfatizó que esto no elimina la responsabilidad penal ni significa que el agresor quede libre de consecuencias jurídicas.
Vázquez también explicó la diferencia entre violencia familiar y violencia vicaria, delito que inicialmente también fue atribuido en este caso.
Detalló que la violencia vicaria consiste en utilizar a los hijos como instrumento para continuar agrediendo a la madre.
"El agresor ya no puede seguir ejerciendo violencia física o patrimonial directamente contra la mujer, entonces utiliza a los hijos para hacerle daño, impidiendo la convivencia, ocultándolos o sustrayéndolos", explicó.
Este tipo de violencia, dijo, ha incrementado en distintas entidades del país y representa una afectación directa tanto para las madres como para los menores.
"Quienes realmente terminan siendo profundamente afectados son los niños, porque tienen derecho a mantener vínculos sanos con ambos padres, independientemente de los conflictos de la pareja", señaló.
Finalmente, la integrante de Brujas del Mar exhortó a las mujeres que viven situaciones de violencia a denunciar y acercarse a redes de apoyo psicológico y jurídico.
"Denunciar permite que exista un antecedente contra el agresor y ayuda a evitar que la violencia continúe. También es importante buscar apoyo psicológico y fortalecer el círculo de confianza", indicó.
La especialista reiteró que romper el silencio es el primer paso para acceder a la justicia y evitar que los agresores permanezcan impunes.
