Xóchitl Uscanga Cruz es una mujer veracruzana de 48 años de edad, amputada de la mano izquierda, que lleva seis años intentando cobrar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, sin conseguirlo.
El motivo: hay otra persona que sí ha estado cobrando ese dinero que en teoría le correspondería a ella, y esa persona hoy está en la cárcel.
El origen del problema se remonta al año 2020, cuando Xóchitl acudió a registrarse en el municipio de Lerdo de Tejada, para acceder al beneficio federal.
Como parte del proceso, designó a una amiga como su auxiliar, que es la figura que el programa contempla para apoyar a los beneficiarios que por su condición no pueden realizar ciertos trámites por sí solos. Nada fuera de lo común hasta ahí.
El problema llegó cuando la tarjeta del Banco del Bienestar estuvo lista. Al ir a recogerla, Xóchitl descubrió que el plástico no estaba a su nombre, sino al de su amiga, la auxiliar que designó, una persona que no tiene ninguna discapacidad y que no era la beneficiaria del programa.
Una irregularidad difícil de explicar, pero que dejó a Xóchitl fuera del sistema y a su amiga, al parecer, cobrando sin tener derecho.
Desde entonces, la historia de esta mujer de escasos recursos económicos con domicilio en Las Bajadas, Veracruz, se convirtió en un laberinto burocrático sin salida clara. Ha intentado registrarse en múltiples ocasiones.
Tiene en su poder dos cintillos, los comprobantes físicos que acreditan que se ha registrado al programa, pero eso no ha sido suficiente para que su situación se resuelva.
"Fui a darla de baja y me dijeron que estaba dada de baja y resulta que no, que ella sigue cobrando, ya fui a Xalapa, me anoté hace un año y me volvieron a dar otro cintillo, fui a las oficinas del Bienestar de Xalapa me dieron otro cintillo según para dar de baja a la auxiliar, marcamos ahí mismo y me dijeron que no aparecía en el sistema".
En pocas palabras: le dijeron que el problema estaba resuelto, pero no lo estaba. Le dieron papeles que supuestamente acreditaban los trámites, pero en el sistema no existía registro alguno. Un círculo vicioso que se ha repetido durante años sin que nadie asuma responsabilidad.
El giro más oscuro del caso es que la mujer señalada de haber cobrado indebidamente los recursos está actualmente en prisión, aunque por un delito distinto a este.
Sin embargo, Xóchitl tiene razones para creer que los cobros de la pensión no se han detenido, lo que agravaría la irregularidad y levanta sospechas sobre si existe alguien más detrás del manejo de esa cuenta.
Ante la falta de respuestas, Xóchitl solo atina a especular sobre lo que pudo haber ocurrido desde el principio:
"No me han explicado nada, yo pregunté por qué llegó a nombre de ella y no me dan respuesta, yo creo que la persona que me la entregó ya no trabaja ahí, apuntaron mal las personas o con ella estuvieron de acuerdo para anotarla a ella, no sé la verdad y por confiada mire lo que me pasó".
Sus palabras resumen lo que muchas personas vulnerables enfrentan cuando confían en los sistemas institucionales: la falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas y el silencio como única respuesta oficial.
La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un apoyo económico federal que entrega el gobierno mexicano de forma bimestral a personas con discapacidad permanente.
Su objetivo es garantizar un ingreso mínimo que permita a quienes viven con alguna limitación física o mental costear parte de sus necesidades básicas.
Xóchitl, quien fue amputada de una mano, cumple con el perfil para recibir este beneficio. Sin embargo, durante seis años ha enfrentado una cadena de obstáculos que incluye:
Todo eso, mientras el tiempo pasa y la situación económica de esta mujer no mejora.
La historia de Xóchitl Uscanga Cruz fue dada a conocer públicamente y, a raíz de ello, su caso fue canalizado a la delegación de la Secretaría del Bienestar en Veracruz. La respuesta es que el asunto será atendido y se le dará seguimiento para tratar de resolverlo.
Es una señal de avance, aunque Xóchitl lleva seis años escuchando promesas. La diferencia ahora es que su caso ya tiene visibilidad pública, lo cual históricamente ha sido uno de los factores que más presiona a las instituciones para actuar con mayor celeridad.
Con lágrimas en los ojos, esta mujer de 48 años no pide más que lo justo: recibir el apoyo que el gobierno prometió darle, el mismo que por una irregularidad nunca pudo llegar a sus manos.
Su historia es también la de muchas otras personas con discapacidad en México que enfrentan sistemas complejos, trámites interminables y puertas que se cierran justo cuando más las necesitan abiertas.
