Decenas de conductores de mototaxis provenientes de comunidades rurales del estado de Veracruz llegaron este lunes hasta el zócalo de la ciudad para alzar la voz contra lo que consideran un abuso: desde abril y hasta junio de este 2026, las autoridades de Transporte del Estado de Veracruz les han retenido un total de 16 unidades, dejando a familias enteras sin su principal fuente de ingresos.
Víctor García, uno de los conductores más afectados y vocero del grupo que se manifestó, fue contundente al señalar hacia dónde va su reclamo. Según él, la propia gobernadora de Veracruz les aseguró personalmente que las unidades serían devueltas, pero hasta el día de hoy eso no ha ocurrido.
"Llamado a la gobernadora, ya que este nos detuvieron unos motocarros y ella dijo que se nos iba a devolver, más que nada nuestra herramienta de trabajo y confiamos en su palabra".
Los conductores afectados no trabajan en avenidas principales ni compiten con el transporte urbano formal. Provienen y operan en congregaciones rurales del estado, donde llegar de un punto a otro puede convertirse en toda una odisea si no cuentas con vehículo propio. Entre las zonas mencionadas por García destacan las congregaciones de Vargas, Tejería, Santa Fe y Tenenexpan.
Al cuestionarle sobre si cuentan con permisos para circular, el propio García explicó la realidad del terreno en el que se mueven:
"Lo que pasa que es zona rural. No nos metemos a carretera federal. Sí, sí hay taxis pero salen media hora una hora tarda".
Y cuando se le preguntó si existe servicio de camiones urbanos en esas zonas, la respuesta fue aún más reveladora:
"Nada más es a las 8 de la de la mañana".
Es decir, en estas congregaciones el transporte público convencional se reduce prácticamente a una sola salida al día. Los mototaxis, en ese contexto, no son un lujo ni una competencia desleal: son la única movilidad real que tienen los habitantes para sus actividades cotidianas durante el resto del día.
El problema no termina en la retención de las unidades. Para recuperarlas, Transporte del Estado exige el pago de multas que resultan completamente fuera del alcance económico de estos trabajadores. García detalló la escalada de costos según el tiempo transcurrido desde el aseguramiento:
Con esas cifras sobre la mesa, García lanzó un llamado directo a las autoridades:
"Son 175 mil pasando después del mes. Porque son ocho días y son 62 mil 300. Y ya los después de los 10 días son 124 mil 300 y algo. Le pedimos por favor que nos ayude a liberar las unidades ya que este es nuestro medio de, o sea, es una fuente de trabajo pues".
Para ponerlo en perspectiva: 175 mil pesos representa, en muchos casos, el equivalente a meses —o incluso años— de ingresos acumulados para un conductor de mototaxi rural. Pagar esa multa, sencillamente, no es una opción real.
Lo que más llama la atención de esta protesta es que los mototaxistas no llegaron al zócalo a pedir que los dejen operar sin reglas. Todo lo contrario. Los transportistas rurales manifestaron de forma explícita que están dispuestos a someterse a un proceso de regularización, con tal de poder ofrecer movilidad legítima y reconocida en las zonas donde prestan su servicio.
Esa disposición al diálogo contrasta con la dificultad de un proceso burocrático que, en la práctica, parece no contemplar las condiciones específicas del transporte en comunidades rurales. No es lo mismo regular una ruta en una ciudad con infraestructura vial completa que ordenar el servicio en congregaciones donde el único camión pasa una vez al día.
Mientras tanto, las 16 unidades retenidas entre abril y junio de 2026 siguen sin regresar a sus dueños, y el reloj sigue corriendo, junto con las multas. Los conductores esperan que la gobernadora de Veracruz retome el compromiso que, según ellos, ya fue pronunciado, y que esta vez se traduzca en acciones concretas que les permitan recuperar su herramienta de trabajo y volver a las comunidades que dependen de ellos para moverse.
