Arancha Arbulu Unanue, economista y catedrática, analizó las fortalezas y debilidades de la propuesta impulsada por el presidente de Argentina, Javier Milei y advierte sobre los riesgos que representaría para México mantener un déficit fiscal elevado durante largos periodos.
La llamada “ley antidéficit” impulsada por el presidente argentino Javier Milei plantea una serie de mecanismos para fortalecer la disciplina fiscal, limitar el gasto público y responsabilizar a los funcionarios por el manejo de los recursos.
Sin embargo, para la economista y catedrática Arancha Arbulu Unanue, algunas de estas medidas podrían resultar contraproducentes si se trasladaran directamente al caso mexicano.
En entrevista, la especialista explicó que la propuesta puede analizarse a partir de cinco puntos fundamentales: un freno automático al gasto deficitario, un “grillete fiscal” permanente, la prohibición del financiamiento monetario del déficit, sanciones a funcionarios y un blindaje institucional frente a futuros cambios de gobierno.
Freno automático al gasto
El primer elemento contempla un freno automático al gasto deficitario de aquellas dependencias o instituciones públicas que estén generando déficit.
Arbulu Unanue consideró que la principal fortaleza de este mecanismo es que enviaría una señal clara a favor de la disciplina fiscal: los recursos públicos deben utilizarse de manera eficiente y en beneficio del desarrollo económico y el bienestar de la población.
Sin embargo, advirtió que una aplicación automática podría provocar problemas operativos y de gobernabilidad.
“Si de repente tomo una secretaría que ya está un poco deficitaria y se aplica esta ley, puedo generar una parálisis de esa secretaría”, explicó.
La suspensión de actividades de una dependencia podría afectar la provisión de bienes y servicios públicos mientras se corrige el desequilibrio financiero.
Para México, consideró que este mecanismo sería difícil de aplicar. Como ejemplo, mencionó el caso de la refinería de Dos Bocas, cuyo costo ha superado ampliamente las estimaciones iniciales.
“Imagínate pensar que en el caso de la refinería Dos Bocas en México se decidiera frenar su trabajo, se cerrara porque definitivamente ha superado en déficit y se aplicara este freno automático. Sería mucho más grave frenarlo que continuarlo”, señaló.
Un “grillete fiscal” permanente
El segundo punto consiste en establecer un límite legal para impedir la aprobación de proyectos públicos cuyo gasto supere los ingresos previstos y genere un mayor desequilibrio presupuestario.
Para la economista, esta medida tiene como fortaleza funcionar como un ancla de disciplina fiscal, al evitar proyectos con gastos excesivos y favorecer una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, también puede convertirse en una limitante para políticas de desarrollo y crecimiento.
Arbulu Unanue explicó que existen proyectos que requieren un mayor presupuesto inicial, pero que pueden generar posteriormente ingresos fiscales, crecimiento económico o beneficios que compensen el gasto.
Un límite demasiado rígido podría impedir la puesta en marcha de este tipo de políticas expansivas, aun cuando tengan una justificación económica de largo plazo.
Banco Central y financiamiento monetario
El tercer punto establece una prohibición estricta del financiamiento monetario del déficit por parte del Banco Central. Es decir, se busca evitar que la emisión de dinero sea utilizada para cubrir los desequilibrios fiscales del gobierno.
En este aspecto, la especialista destacó que México ya cuenta desde hace décadas con un Banco de México autónomo y con una política monetaria orientada al control de la inflación.
Por ello, consideró que esta parte de la propuesta argentina no representaría una novedad para el país.
La ventaja de mantener esta separación entre la política fiscal y la monetaria, explicó, es que México ha podido contar con una mayor estabilidad frente a diversas crisis externas.
Sin embargo, señaló que una restricción excesivamente rígida podría limitar la capacidad de un banco central para reaccionar ante determinados problemas de liquidez.
Responsabilidad penal para funcionarios
El cuarto elemento de la propuesta es, para Arbulu Unanue, uno de los que mayor interés podría tener para México: establecer responsabilidades y sanciones para los funcionarios encargados de administrar recursos públicos.
La especialista consideró que una medida de este tipo fortalecería la rendición de cuentas y obligaría a quienes manejan grandes presupuestos a asumir plenamente las consecuencias de sus decisiones.
“Muchas veces, por ser parte del partido que está en el poder, son cubiertos y son protegidos”, señaló.
A su juicio, en México son insuficientes los casos en los que funcionarios enfrentan consecuencias penales por un manejo indebido de recursos públicos o por enriquecimiento ilícito.
No obstante, también identificó un riesgo: una responsabilidad penal excesivamente rígida podría generar una fuerte aversión al riesgo entre los funcionarios y dificultar que profesionales acepten puestos de dirección en la administración pública.
Blindaje institucional
El quinto punto busca establecer mecanismos que den continuidad a las reglas fiscales de un gobierno y eviten que las administraciones posteriores comprometan los recursos de futuras generaciones.
La idea, explicó la economista, resulta atractiva porque permitiría que las decisiones sobre las finanzas públicas se tomaran con una visión de largo plazo y no exclusivamente desde una perspectiva política o partidista.
Sin embargo, existe una dificultad evidente: un nuevo gobierno con una ideología diferente puede modificar las leyes y eliminar ese blindaje.
“Entra un partido al poder y entonces es atacar y desechar lo que han establecido los de otro partido y así sucesivamente”, apuntó.
Por ello, consideró que garantizar la permanencia de estas reglas más allá de un periodo de gobierno sería particularmente complicado.
México: el problema no es tener déficit, sino cuánto déficit se puede soportar
Al analizar la situación mexicana, Arbulu Unanue subrayó que tener déficit fiscal no necesariamente representa un problema.
“El déficit no es un problema siempre y cuando esté en un rango adecuado”, afirmó.
La preocupación aparece cuando el desequilibrio supera la capacidad de la economía para corregirlo y recuperar los recursos comprometidos.
De acuerdo con la especialista, un déficit cercano al 2.5 por ciento podría considerarse un nivel manejable, mientras que México se ha aproximado a niveles cercanos al 5 por ciento, situación que comienza a generar preocupación.
Un déficit elevado implica que en el futuro podrían ser necesarios mayores ingresos tributarios o recortes en áreas fundamentales para el bienestar social, como salud y educación, con el objetivo de hacer frente a las obligaciones financieras acumuladas.
Además, un mayor desequilibrio fiscal puede incrementar el riesgo país y encarecer el financiamiento, debido a que los acreedores perciben una mayor posibilidad de incumplimiento.
La economista insistió en que el análisis no debe centrarse únicamente en si un país tiene déficit, sino en su capacidad para sostenerlo y en el destino que se da a los recursos.
Incluso países como Estados Unidos mantienen elevados niveles de déficit, pero cuentan con una capacidad económica y financiera considerablemente mayor.
El verdadero problema surge cuando el gasto adicional no genera suficiente crecimiento, ingresos o beneficios que permitan compensarlo.
“Lo que nos debe de preocupar es hasta dónde estoy yo capacitado para tener un déficit”, explicó.
Un déficit excesivo puede convertirse, en sus palabras, en un “grillete” para las futuras generaciones, debido a que una mayor proporción de los recursos públicos deberá destinarse al pago de deudas acumuladas en lugar de financiar infraestructura, educación, salud y otros factores que impulsan el crecimiento.
¿Qué podría tomar México de la experiencia argentina?
Para Arbulu Unanue, México no necesita copiar de manera íntegra la propuesta de Milei, debido a que algunas de las instituciones y reglas planteadas en Argentina ya existen en el país, particularmente en materia de autonomía del Banco de México y separación entre política monetaria y financiamiento del déficit.
Sin embargo, considera que México podría abrir un debate más profundo sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, la eficiencia del gasto y la necesidad de establecer límites que permitan preservar la estabilidad de las finanzas públicas.
La discusión, concluyó, debería superar las diferencias ideológicas y partidistas y concentrarse en una pregunta fundamental: ¿qué nivel de gasto y deuda puede sostener el país sin comprometer el crecimiento económico y el bienestar de las próximas generaciones?
La experiencia argentina, en este sentido, puede servir como referencia para analizar qué mecanismos de disciplina fiscal funcionan, cuáles podrían generar efectos no deseados y cuáles podrían adaptarse a las condiciones institucionales y económicas de México.
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