El anuncio de un incremento presupuestal en el área de justicia dentro del paquete económico sonó, en principio, como una buena noticia. Pero para quienes trabajan día a día en la defensa de mujeres víctimas de violencia, la cifra no alcanza. Así lo advierte Martha Márquez, abogada y especialista en violencia de género, quien asegura que el aumento es real pero insuficiente frente a la magnitud del problema que enfrentan las fiscalías y los sistemas de procuración de justicia en México.
La discusión no es nueva, pero cobra especial relevancia en un contexto donde las denuncias por violencia contra las mujeres siguen acumulándose en escritorios con demasiadas carpetas y muy poco personal para atenderlas.
Uno de los argumentos más frecuentes cuando se habla de violencia de género es la necesidad de crear nuevas leyes. Márquez lo descarta de entrada: el marco legal ya existe y, en muchos sentidos, es sólido. El problema está en otra parte.
"Más que una ley nueva, yo creo que en México tenemos muy buenas leyes que desgraciadamente no se aplican precisamente por la falta de presupuesto".
La especialista considera que el verdadero reto es garantizar que las disposiciones legales vigentes se traduzcan en acciones concretas: investigaciones bien llevadas, personal capacitado, procesos que no revictimicen a las mujeres que se atreven a denunciar. Todo eso cuesta dinero, y ese dinero, dice, no está llegando en la cantidad que se necesita.
El diagnóstico que traza Márquez es preciso y preocupante. Las fiscalías especializadas en violencia de género operan con un número de personal claramente insuficiente para la carga de trabajo que enfrentan. Las personas que ahí laboran no están en condiciones de dar seguimiento puntual a cada caso, simplemente porque los expedientes se acumulan más rápido de lo que se pueden atender.
"Principalmente hace falta un presupuesto para que existan más fiscales especializadas y sobre todo capacitación a todo el personal que ahí atiende".
Pero la abogada va más allá del número de fiscales. Señala que el fortalecimiento debe ser integral, porque una investigación de calidad no depende de una sola figura. Para que funcione bien, se necesitan múltiples piezas trabajando juntas:
Sin ese conjunto funcionando, incluso las mejores leyes se quedan cortas.
Cuando se le preguntó directamente sobre el aumento presupuestal para el área de justicia incluido en el paquete económico, Márquez no lo negó, pero tampoco lo celebró.
"Sí, pero realmente pues ese incremento es mínimo, ¿no? Eh no es realmente lo que necesita".
La especialista añade un punto técnico que no siempre se considera en el debate público: no todo el presupuesto destinado a justicia llega a las fiscalías. Existe una diferencia importante entre los recursos asignados al Poder Judicial —que se ocupa de los juicios— y los que van a las fiscalías, responsables de investigar los delitos. Si el incremento se concentra en el primero pero no llega al segundo, el impacto en la atención a víctimas de violencia será mínimo.
Por eso insiste en que no basta con anunciar un aumento: hay que revisar con lupa hacia dónde va cada peso.
Hay un efecto que pocas veces se visibiliza pero que Márquez señala con claridad: cuando el sistema no tiene recursos suficientes, quienes terminan pagando el precio son las propias mujeres que deciden denunciar. Los procesos se alargan, las citas escasean, la atención psicológica no llega a tiempo y el acompañamiento es intermitente.
Eso tiene un nombre: revictimización. Y ocurre no por mala voluntad, sino por un sistema que opera al límite de su capacidad.
La abogada es clara: fortalecer el presupuesto no es un gesto simbólico ni una concesión política. Es la condición mínima para que una mujer que denuncia violencia encuentre del otro lado un sistema que pueda responderle con eficiencia, con empatía y con herramientas reales para protegerla.
Mientras eso no ocurra, las leyes seguirán siendo letra bien escrita que, en la práctica, no siempre llega a quienes más la necesitan.
