Sin dar los nombres de los implicados, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez, fijó la postura institucional sobre el presunto cateo ilegal que denunció la abogada Herminia Báez Vázquez.
A través de un video publicado en redes sociales, en donde da a conocer las acciones realizadas en los últimos días por parte del organismo a su cargo, se refirió al caso solo mencionando la dirección del lugar en el que ocurrieron los hechos.
"Se precisa que la diligencia se realizó en cumplimiento de una orden de cateo, autorizada por un juez de control, como parte de una investigación iniciada a partir de una noticia criminal de la que tomó conocimiento la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión. La intervención por tanto obedeció a actos de investigación previamente desarrollados y contó con la autorización judicial".
Indicó que en el cuestionado cateo se localizó y aseguró un vehículo Volkswagen Jetta con reporte de robo y al advertirse hechos posiblemente constitutivos de delitos se realizaron detenciones en flagrancia.
Sin embargo, reconoció que "el órgano jurisdiccional en el ámbito de sus atribuciones determinó la no vinculación a proceso de las personas detenidas, la cual es susceptible de ser impugnada e incluso continuar con la investigación respectiva".
Aseguró que en la FGE las actuaciones se sustentan en actos de investigación "objetivos, apegados a la ley" y cuando corresponde bajo control judicial porque su compromiso es actuar con firmeza en la investigación y persecución de los delitos "con respeto al debido proceso y a los derechos humanos".
En su mensaje, la funcionaria no se refirió a las acusaciones de la abogada quien en una conferencia de prensa acusó que nunca se le mostró la orden de cateo, que ella y sus hijos fueron sometidos, golpeados, torturados, robados y encarcelados porque además se les "sembró" droga por parte de los mismos policías.
Incluso, también en las redes sociales fue publicado el video del cateo en donde se ve cómo ingresan al domicilio los uniformados después de haber derribado la puerta.
La abogada señaló que cuando se encontraba encarcelada, el 13 de septiembre hubo retiros de su cuenta bancaria a través de las tarjetas que le quitaron.
Pidió justicia y la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para que los responsables paguen por lo que hicieron porque se mantienen en activo en las filas de la UECS.
Puntualizó que el automóvil lo adquirió legalmente, con documentos en regla, incluso consultó en el sistema si tenía reporte de robo y no encontró ninguna irregularidad, además de que hizo procedimientos con él y nunca fue identificado como robado.
El hecho generó indignación entre la ciudadanía, pues con lágrimas en los ojos, la ciudadana dijo que incluso se tendrá que ir de Veracruz por lo que está buscando asilo político en Estados Unidos.
Narró que todo ocurrió el pasado 11 de septiembre a las 3:00 de la madrugada en su domicilio ubicado en la colonia Amapolas, en la ciudad de Veracruz, motivo por el que fue detenida y llevada al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, en donde permaneció una semana.
