El abogado Arturo Pueblita, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, advirtió sobre el inicio de procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados que emitieron resoluciones contrarias a la Reforma Judicial, y sostuvo que estos mecanismos podrían utilizarse para presionar a los juzgadores por sus criterios jurídicos.
En entrevista para XEU, Pueblita señaló que, aunque hasta el momento no tiene conocimiento de sanciones impuestas por estos motivos, ya se iniciaron procedimientos que, afirmó, se llevan a cabo a puerta cerrada, pese a que las personas involucradas han solicitado que la información sea pública.
“Es muy preocupante ver que mucho de lo que se había vertido en el sentido de que la Reforma Judicial podía ser utilizada para la persecución de criterios jurídicos de los jueces, de buscar limitar la libertad judicial, pues eso ya se ha materializado”, expresó.
El abogado consideró que estos procedimientos buscan intimidar, presionar e incluso abrir la posibilidad de inhabilitar a juzgadores que resolvieron asuntos con base en su interpretación jurídica y a favor de las peticiones de quienes acudieron a los tribunales.
Como ejemplo, Pueblita mencionó el caso de la jueza en retiro Marta Magaña, quien, de acuerdo con el abogado, tuvo una audiencia la semana anterior en el marco de un procedimiento que podría derivar en su inhabilitación u otras sanciones.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana sostuvo que el asunto no estaría relacionado con presuntos actos de corrupción, sino con el criterio jurídico aplicado por la juzgadora en una resolución.
A su juicio, si existía desacuerdo con esa determinación, correspondía impugnarla mediante los recursos judiciales disponibles, como el recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito, en lugar de iniciar un procedimiento disciplinario.
“Y lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue iniciar este procedimiento disciplinario para que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sea quien emita las resoluciones”, afirmó.
Pueblita indicó que existen otros casos de jueces y magistrados bajo procedimientos similares, aunque durante la entrevista no proporcionó los nombres de las demás personas involucradas.
El abogado calificó al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial como un mecanismo que, desde su perspectiva, puede utilizarse para presionar a los juzgadores y advertirles sobre las consecuencias de emitir resoluciones que se aparten de los intereses del Poder Ejecutivo.
“Estamos en presencia de un tribunal que está diseñado y pensado para presionar a los juzgadores y que sepan que quien se salga del control y de la línea del Poder Ejecutivo va a pagar las consecuencias”, sostuvo.
Añadió que la posible pérdida de independencia judicial tendría consecuencias para la ciudadanía, pues los tribunales son una vía para defenderse frente a detenciones arbitrarias, cobros indebidos, clausuras de negocios y otros actos de autoridad.
“Nos deja en un estado de indefensión a toda la ciudadanía”, afirmó, al considerar que la falta de autonomía de los jueces podría afectar la protección de los derechos humanos.
Pueblita también consideró que estos hechos representan un retroceso para el Estado de derecho y los contrapesos institucionales en México. Desde su perspectiva, el país avanza hacia un modelo de mayor concentración del poder político.
Sobre las posibilidades de defensa de los jueces y magistrados que pudieran ser sancionados, indicó que las opciones serían limitadas y que algunos casos podrían llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Yo estoy convencido que en el Sistema Interamericano, tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana, se va a terminar condenando a México por la violación a los derechos y por la violación a la independencia judicial”, declaró.
No obstante, reconoció que una eventual resolución internacional podría tardar varios años.
Las declaraciones corresponden a la valoración del abogado sobre los procedimientos mencionados durante la entrevista. En el diálogo no se presentaron resoluciones definitivas que acrediten sanciones impuestas a los juzgadores señalados.
