Los operativos contra automovilistas particulares que ofrecen servicio de transporte mediante aplicaciones digitales continúan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde las autoridades han asegurado varios vehículos en lo que va del año.
Elementos de la Dirección de Transporte Público del Estado mantienen las acciones contra conductores que utilizan plataformas como Uber, Didi e InDrive para trasladar pasajeros, pese a la incertidumbre que persiste entre quienes se dedican a esta actividad.
El caso más reciente ocurrió el lunes en la colonia 21 de Abril, en el puerto de Veracruz, donde fue asegurada una camioneta.
Testimonios indican que la conductora se negó a descender de la unidad, que finalmente fue remolcada con una grúa y trasladada a las instalaciones del C5, en Boca del Río.
Integrantes de la Unión Veracruzana de Conductores de Aplicación (Uveca) intentaron localizar a la mujer, quien presuntamente es una persona adulta mayor, con la intención de acompañarla y brindarle asesoría durante el procedimiento. Sin embargo, cuando llegaron al lugar para buscarla, ya no lograron encontrarla.
De acuerdo con la información disponible, en el operativo participaron varias patrullas de la Policía Estatal y de Transporte Público, aunque hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre la situación de la conductora.
Integrantes de la organización han señalado que, en los casos que han podido documentar, los vehículos son intervenidos por personal de Transporte Público, remolcados mediante grúas y trasladados a un corralón.
Las sanciones económicas por prestar este servicio sin la autorización correspondiente pueden alcanzar aproximadamente los 120 mil pesos. No obstante, los conductores tendrían la posibilidad de obtener un descuento del 50 por ciento en el pago de la multa si cubren el importe dentro de los cinco días posteriores, según la información proporcionada por la organización.
Ante este panorama, los conductores de aplicaciones continúan trabajando en medio de la incertidumbre, a la espera de que las autoridades concreten una regulación que les brinde certeza jurídica y establezca condiciones claras para desarrollar su actividad en Veracruz.
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