El abogado Jorge Reyes Peralta informó que obtuvo dos amparos a favor de la empresa Agrogema, luego del cateo y aseguramiento de aeronaves, vehículos y equipos utilizados para labores de fumigación en Veracruz.
De acuerdo con el litigante, el Juzgado Sexto de Distrito en Veracruz resolvió que las aeronaves deben ser devueltas, al considerar ilegal su aseguramiento. Sin embargo, la entrega todavía no se ha realizado porque la resolución debe quedar firme.
Reyes Peralta señaló que la empresa acumula pérdidas superiores a 70 millones de pesos, derivadas de la suspensión de sus actividades y los daños que presuntamente han sufrido algunos de sus equipos.
El abogado explicó que, desde el 6 de enero, la Fiscalía Federal en Veracruz solicitó una orden de cateo bajo el argumento de que las instalaciones de Agrogema funcionaban como una pista clandestina presuntamente utilizada para actividades ilícitas.
Entre el 6 de enero y el 4 de marzo fueron aseguradas, según su relato, seis aeronaves, una avioneta, un helipuerto, camiones, vehículos y equipos de fumigación.
Reyes Peralta sostuvo que la defensa acreditó que las instalaciones no eran clandestinas y que la empresa realizaba actividades relacionadas con la fumigación agrícola.
“A lo largo de este tiempo, nosotros hemos probado, que eso es mentira. Desde el momento que solicitaron el cateo, sabían que la pista no era clandestina y que no se cometía ningún ilícito”.
El litigante explicó que el primer amparo está relacionado con la orden de cateo y obliga al juez que la autorizó a revisar nuevamente la solicitud de la Fiscalía Federal.
Según su interpretación, la resolución tendría consecuencias sobre la validez de las pruebas obtenidas durante la investigación.
En un segundo juicio de amparo, relacionado con el aseguramiento de los bienes, indicó que el Juzgado Sexto de Distrito ordenó la devolución de las aeronaves, al determinar que su aseguramiento fue ilegal.
“En ese amparo resuelve el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Veracruz que devuelvan las aeronaves por su aseguramiento fue ilegal”.
El abogado agregó que, durante una audiencia inicial en la que se buscaba imputar a Agrogema como persona jurídica, el juez decidió suspender el procedimiento ante la existencia de los amparos.
Reyes Peralta aclaró que las aeronaves todavía permanecen aseguradas y que su devolución dependerá de que la resolución judicial quede firme.
“No, nos las tienen que regresar cuando cause ejecutoria este amparo”.
El abogado señaló que se encuentra transcurriendo un plazo de 10 días para la posible interposición de un recurso de revisión, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República que no impugne las resoluciones.
En caso de que la Fiscalía presente el recurso, el asunto tendría que ser revisado por un tribunal colegiado.
De acuerdo con Reyes Peralta, la paralización de las actividades de Agrogema ha provocado incumplimientos de contratos de fumigación y afectaciones económicas.
Afirmó que dos helicópteros presentan daños que los habrían dejado inservibles, con un valor estimado de un millón de dólares cada uno.
“Los daños iban en 50 millones, pero al día de hoy hay dos helicópteros ya se echaron a perder, es pérdida total. Cada helicóptero vale un millón de dólares, o sea, vamos en 70 millones de pesos o más en este momento”.
También aseguró que el aseguramiento ha afectado a más de 250 familias relacionadas con las actividades de la empresa.
El abogado solicitó la intervención de la titular de la Fiscalía General de la República y pidió que no se interpongan recursos de revisión contra los amparos concedidos.
Además, exigió la salida del fiscal federal en Veracruz, Mauricio Rosaldo, a quien responsabilizó de las presuntas irregularidades cometidas durante la investigación.
“Pues solamente rogarle a la fiscal general de la República que intervenga en este asunto y que no se interponga el recurso de revisión y que cese el fiscal Mauricio Rosaldo”.
Las acusaciones contra el funcionario corresponden a declaraciones de la defensa de Agrogema. En la entrevista no se incluye una postura de la Fiscalía General de la República sobre los señalamientos ni sobre las resoluciones judiciales mencionadas.
